La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también sospecha que los cálculos realizados hasta la fecha sobre las posibles 'sobrecomisiones' pagadas por la Junta de Andalucía para cubrir las primas de las pólizas de prejubilación "podría modificarse notoriamente", tal y como ha apuntado la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en base a la nueva documentación remitida al respecto por la aseguradora Generali.
En un escrito remitido el pasado 12 de junio a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado explica que estos nuevos datos han sido analizados dentro de las "diversas" líneas de investigación que la UCO "está llevando a cabo de manera simultánea" para el esclarecimiento de presuntos delitos de malversación, cohecho, asociación ilícita, contra la Hacienda Pública, y "otros".
Dentro de estas líneas de investigación, apunta, se encuentra el estudio "de todas las operativas financieras de movimientos de capital que, emanando de la Junta, a través de las diferentes aseguradoras y mediadoras partícipes en la formalización de pólizas de seguros, acabaría en un entramado empresarial que estaría recibiendo financiación de manera irregular y cuyos responsables nada tendrían que ver con los beneficiarios legales de las subvenciones públicas".
"Para el logro de estos fines", la Guardia Civil dice que "se ha obtenido cuantiosa documentación correspondiente a las pólizas de seguro financiadas por la Junta de Andalucía y suscritas con entidades aseguradoras", información que "no procede de una única fuente, sino que procede de diversas personas y entidades que han intervenido en los hechos objeto de investigación".
Al hilo de ello, advierte de que, "en el transcurso del análisis de esta información se está comprobando que la información procedente de las distintas fuentes, en ocasiones, no es completamente coincidente en lo relativo a sus aspectos económicos", lo que sucede en el caso de Generali, "que absorbió a La Estrella y Vitalicio, quienes se encargaron en su día de la formalización de muchas de las pólizas enmarcadas en la presente causa, así como también del pago de las comisiones a diferentes mediadoras".
"FALTA DE DATOS COINCIDENTES"
Añade que los datos obtenidos de Generali "se han ido acumulando de manera continuada a través de solicitudes concretas que ha realizado tanto esta Unidad como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en su papel de auxilio jurisdiccional", no obstante ello "los datos contenidos en las respuestas que se han ido emitiendo, en muchas ocasiones, no han coincidido con los ya adquiridos de otros organismos, como los facilitados por la Junta en relación a los diferentes pagos que realizaba para cubrir las primas de las pólizas".
La Guardia Civil explica que, en relación con "esta falta de datos coincidentes", se requirió a Generali una explicación sobre las diferencias en los datos económicos", informando la aseguradora de que, "tras su contestación en febrero de 2012, en la cual adjuntaban un fichero de los datos conjuntos de las pólizas financiadas por la Junta, se depuró un tercer fichero al detectar algún error, fichero que no fue remitido ni a la Guardia Civil ni a la Dirección General de Fondos de Pensiones por creer la compañía que las diferencias eran menores y sin trascendencia, hecho que no es así, como reconoce la propia compañía en la comunicación donde envía el fichero depurado".
"Estos nuevos datos podrían modificar notoriamente los cálculos que hasta la fecha se han realizado sobre las posibles 'sobrecomisiones' pagadas por la Junta de Andalucía", advierte.
POSIBLE ENCUBRIMIENTO
La Guardia Civil concluye su escrito aseverando que "el conocimiento preciso de dichos aspectos es determinante para el actual procedimiento", pero "a la vista de que este conocimiento exacto no se puede conseguir a través de solicitudes parciales", pidió a la juez Alaya que emitiera el correspondiente requerimiento judicial para que la Guardia Civil se pueda personar en todas aquellas dependencias de Generali "donde sea necesario".
Esta petición fue aceptada por la juez mediante un auto dictado el pasado 17 de junio, en el que señaló que el objetivo de ello es que la Guardia Civil pueda "recabar directamente e 'in situ' toda aquella documentación que estime oportuna y que esté relacionada con la solicitud, tramitación, formalización o cualquier otro proceso de las pólizas que han sido subvencionadas, directa o indirectamente, por la Junta".
La magistrada advirtió a la aseguradora de que, "en caso de oponer reparos, podría cursarse, si se dieran las circunstancias para ello, orden de entrada y registro y deducir testimonio, por desobediencia a la autoridad judicial o en su caso encubrimiento".
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