Andalucía

Valderas ve "excesivo el mareo de la perdiz" con la demolición del Algarrobico

Mientras Valderas pide una solución "con carácter inmediato" al El Algarrobico, los ecologistas piden dimisiones en Obras Públicas tres años después de la paralización de las obras.

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  • Una imagen de archivo del polémico hotel. -
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apreció ayer un "excesivo mareo de la perdiz" en torno al hotel del Algarrobico, para el que pidió una solución "con carácter inmediato" en el día en el que se cumplen tres años desde la paralización de las obras del edificio por orden de un juez. 


En rueda de prensa en Almería justificó su petición en el hecho de que las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha sobre el complejo promovido por la mercantil Azata "son claras", como también lo son las políticas que tienen que desarrollarse para "preservar el litoral de la especulación". 


Por ello, agregó, "cuando las cuestiones están tan claras, las actuaciones tienen que ser más rápidas, más contundentes". "No sé si se está siendo contundente esperando a que llueva café. Difícil será", apostilló el coordinador general de IULV-CA. 


Añadió que, desde su punto de vista, sería "poco entendible" que, transcurridos tres años de espera, no se devolviera a su estado natural este paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 


Por su parte, Salvemos Mojácar pidió ayer, cuando se cumplen tres años de la paralización de obras del hotel del Algarrobico, la dimisión de los responsables de la Consejería de Obras Públicas al defender éstos un deslinde de 50 metros frente a los cien avalados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. 


Tres años de inaceptable fase mediática


El colectivo que logró la paralización cautelar de obras dictada por el Juzgado de lo Contencioso 2 de Almería acusó a la Junta de Andalucía en una nota de llevar tres años interpretando una "inaceptable farsa mediática", además de reclamar el cese de los responsables de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


Para justificar esta petición, el grupo señaló que la Consejería trabaja para "legalizar" el hotel, como demostraría a su juicio su defensa de que el deslinde adecuado para el Algarrobico es de cincuenta metros y no de cien, como han considerado en varias ocasiones la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo al declarar la conformidad a derecho de la orden ministerial de noviembre de 2005. 


Salvemos Mojácar estima que, de ser admitido el deslinde defendido por Obras Públicas, el hotel que promueve la mercantil Azata del Sol "quedaría perfectamente legalizado". 


Esta defensa de la franja de protección marítimo terrestre de cincuenta metros se pone de manifiesto en el escrito de oposición presentado por la Consejería al recurso de apelación formulado por la mercantil frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso 2 de Almería que, en septiembre del pasado año, forzó a la revisión de la licencia municipal de obras del hotel al considerarla nula de pleno derecho. 


En el documento en el que la administración andaluza defiende la desestimación del recurso interpuesto por Azata, ésta advierte al titular del citado juzgado, el magistrado Jesús Rivera, que una interpretación "incorrecta" de la normativa sectorial de costas le llevó a entender que la protección de 50 metros "devino ineficaz". 


En este escrito, la administración afirma que el único límite que a fecha de hoy es firme es el establecido en el Plan Parcial del sector, que fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 26 de mayo de 1988 y, "por tanto, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas". 


Por ello, agrega el escrito, la servidumbre de cincuenta metros recepcionada en el Plan Parcial era no solo la aplicable, sino "mayor" que la que defendía con anterioridad a noviembre de 2005 la Dirección General de Costas. 


Coincidiendo con la efeméride, el colectivo Salvamos Mojácar arremetió también contra la actitud a su juicio "inaceptable" de la promotora y del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, al que ha criticado por "gastarse el dinero de las arcas públicas para defender lo indefendible" en los tribunales que es, a juicio de este grupo, que el hotel que se asienta sobre terrenos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar debe de ser derruido "antes o después".

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