Según el Gobierno la reforma de la administración local que pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014 supondrá un ahorro de unos 8.000 millones de euros en dos años. ¿Pero es todo de color de rosa o perdemos algo por el camino?.
Yo creo que perdemos y mucho. Así, con esta reforma se cerrarán todas las OMIC, porque las competencias en materia de defensa de usuarios y consumidores salen expresamente del ámbito local. También es muy probable que, entre otras, cierren las oficinas de información juvenil, los centros de la mujer, las guarderías municipales, etc.
En un país con 6 millones de parados y un 22% de la población en el umbral de la pobreza en el plazo de un año también dejarán de prestarse los servicios sociales de base y los de ayuda a domicilio, ya que hasta ahora se prestan gracias a las aportaciones muy importantes de los ayuntamientos y después serán asumidos por las comunidades autónomas, que no tienen capacidad económica para prestarlos al tener al máximo su déficit y su capacidad de endeudamiento hasta el punto de que muchas de ellas están acogidas al Fondo de Liquidez Autonómicas porque ni dinero tienen para pagar su propia deuda.
Por otra parte, según la distribución por habitantes de las competencias que quedan para los ayuntamientos a partir de 2014 se cerrarán, por ejemplo, las bibliotecas de los municipios de menos de 5.000 habitantes, o los centros deportivos de los de menos de 20.000, igual sucederá con los servicios de protección civil o los de prevención y extinción de incendios. Con lo que cada quien que lea este artículo puede ver lo que va a perder su pueblo según los habitantes que tenga.
Está claro que es aquí donde está ese ahorro: en el cierre de servicios básicos para la población, que nos devuelve al nivel de prestaciones de antes de la restauración democrática de los ayuntamientos, cuando lo que estos exigen es que se les dote de los medios para hacer frente al presente siglo XXI y los retos que tienen por delante. Además tiene una contrapartida: el aumento del gasto en prestaciones por desempleo por la cantidad de parados que esta reforma va a traer consigo.
El Gobierno hierra en el diagnóstico y en el tratamiento. En el diagnóstico porque no es la administración local el problema en materia de déficit, supone el 4 % del PIB frente al 66,6 % de la Administración Central y al 17,6 % de las Comunidades Autónomas, y el tratamiento porque precisamente si hay ayuntamientos endeudados son los de más de 20.000 habitantes, pues sólo las capitales de provincia suman el 38,4 % del total de la deuda, y sin embargo quedan fuera de las medidas de esta reforma.
Y los únicos que pueden evitarlo son los alcaldes, porque cuando el primer borrador del Gobierno perseguía la fusión de ayuntamientos, y con ello la supresión de alcaldías, su oposición fue tan decidida que consiguieron echarlo para atrás; lo mismo sucedió cuando propuso la reducción del número de concejales o la limitación de sus salarios. Y ahora creo que es el momento de que paren este proyecto si no quieren acabar siendo alcaldes para nada al frente de ayuntamientos fantasmas, sin competencias ni servicios que prestar. Han perdido su primera oportunidad en la Comisión Nacional de la Administración Local, en la que deberían haber rechazado el proyecto, pero van a tener otra oportunidad en la tramitación parlamentaria, ya que, sobre todo el Senado, está plagado de alcaldes y exalcaldes, que veremos si están del lado de sus vecinos o no. Y entre medias, todos los demás también pueden parar este despropósito. Y saben cómo hacerlo.
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