La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha reactivado la rama societaria del caso Mercasevilla pero señalando directamente a las empresas, imputando a los directivos de las cinco que participaron en el concurso público para la compraventa de los suelos de Mercasevilla por un presunto delito de prevaricación, al considerar que pudo producirse un concierto entre las participantes para alterar los precios y que fuera finalmente Sanma la adjudicataria del concurso. Entre las imputadas no sólo está la empresa familiar de la ministra de Empleo Fátima Báñez, sino también algunas de las más importantes de nuestra comunidad, como son Realia, Noriega (Edamar) y el Grupo Prasa.
Esta rama de caso investiga las irregularidades que se detectaron en el concurso de adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla a la inmobiliaria Sanma y acumulaba hasta ahora 17 imputados entre técnicos municipales, empresarios y políticos. Ahora, la jueza se centra directamente en los responsables de las empresas que participaron en un concurso en el que la principal perjudicada fue Mercasevilla en su patrimonio.
Así, en la providencia, la jueza cita el próximo 14 de junio en calidad de imputados a Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de administración de Realia; a José Romero González, presidente del Grupo Prasa; al presidente y al apoderado de Edemar (absorbida por Noriega), Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa; y a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada de Azucarera Larios; además de al consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez González, ya fallecido, error que según fuentes judiciales se corregirá citando a su hijo, Eduardo Báñez García, hermano de la ministra de Empleo.
En el escrito, fechado el pasado 7 de junio, la magistrada considera que “puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a esta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos”, un concierto que considera “idéntico” entre “dicha constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma”.
La jueza considera que hay indicios de la participación de las cinco empresas “en un presundo delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes” entre Realia Business, Sanma y Edamar, además de sus relaciones “puntuales” mediante UTE que han tenido algunas de las implicadas.
La magistrada también cita como imputado a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del Servicio de Conservación y Coordinación de la delegación municipal de Vía Pública, y como testigo a José María Morillo Castro, presidente de la asociación de mayoristas, mientras libra oficio para que el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil informe sobre el posible enriquecimiento ilícito del ya imputado Domingo Enrique Castaño, ex asesor del grupo socialista en el Ayuntamiento.
Responsabilidad civil
Tras estos pronunciamientos judiciales, el letrado de la Asociación de Mayoristas de Frutas (socio de Mercasevilla junto a Mercasa y el Ayuntamiento), Miguel Salas, ha anunciado que pedirá al juzgado que reconsidere el papel de acusación que ejercen en este caso tanto el Ayuntamiento de Sevilla como Mercasa, ya que si finalmente se enjuicia como delito societario, pedirán que sean considerados como responsables civiles subsidiarios.
Salas esgrime otros casos judiciales, como el caso Gürtel, en el que se ha impedido al PP ejercer como acusación particular, puesto que estaba obteniendo “información directa” del juzgado que podría utilizar para defenderse en el proceso, y en el caso del delito societario en la venta de los suelos de Mercasevilla, Ayuntamiento y Mercasa podrían tener responsabilidad civil puesto que ellos fueron los que nombraron a sus dirigentes (Fernando Mellet) y a los políticos que formaron el consejo de Administración, como Antonio Rodrigo Torrijos.
El error en la imputación del padre de Báñez
La jueza Alaya cita por error en su providencia a Eduardo Báñez González, padre de la ministra Fátima Báñez, como imputado por un error, ya que se debería haber citado a su hijo, Eduardo Báñez García, como pedía el fiscal. El padre de la ministra falleció pero aún aparece como consejero delegado en el Registro, que es el que ha usado la magistrada.
Un informe de la Guardia Civil lo constataba
Un informe de la Guardia Civil, que incluía la declaración como testigo del actual director de Mercasevilla, Manuel Blanco, y que ya publicó VIVA, constataba la existencia de “demostradas vinculaciones entre la mayoría de las empresas que concursaron al derecho de opción de compra” de los terrenos que finalmente fueron adjudicados a Sanma.
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