El Grupo Parlamentario Popular lleva este jueves una proposición no de Ley al Pleno de la Cámara autonómica en la que pide a la Junta que derogue su decreto ley del litoral por sus "efectos perniciosos" sobre el turismo de la comunidad y apoye, por contra, la aprobación de la modificación de la Ley de Costas del Gobierno de la Nación que dará "seguridad jurídica" a los municipios costeros y, en especial, a los chiringuitos.
Además, la iniciativa 'popular', consultada por Europa Press, pide al Parlamento que inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "restablecer" las ayudas para balizamiento y limpieza de playas a los municipios del litoral andaluz como apuesta por el "turismo de calidad y excelencia que debería proteger e impulsar el Gobierno andaluz".
Según los 'populares', los miembros de la Junta deberían valorar los "los efectos positivos que va a generar para el turismo, el empleo, la conservación, la protección y la inversión" la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Ejecutivo central y derogar su decreto ley relativo a esta materia porque no supone más que "la huida de la inversión de localidades del litoral de Andalucía por la inseguridad jurídica que genera" esta normativa. Ante ello, el PP-A insta al Gobierno andaluz "a buscar el consenso con los municipios y los agentes económicos y sociales en el marco de la protección del litoral y del impulso de la actividad económica generadora de empleo como totalmente compatibles".
Ante todo, defiende el PP-A, porque el turismo de sol y playa es el principal activo turístico de Andalucía y el principal sostén económico de buena parte de los andaluces que habitan las provincias del litoral, por lo que se necesita un "instrumento eficaz de protección y conservación" que compatibilice la protección del espacio natural con actividades económicas que generen empleo y riqueza, principios éstos que "inspiran la recientemente aprobada Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas" acometida por el Ejecutivo central.
Los 'populares' aseguran que este cambio normativo a nivel estatal traerá "más claridad, transparencia, más protección contra las construcciones y edificaciones ilegales, más seguridad jurídica y, al mismo tiempo, más empleo" a Andalucía frente al decreto ley del litoral de la Junta --al que han denominado alguna vez "decretazo"-- que "es una norma impulsada por el Gobierno andaluz de espaldas a los municipios y que está aprobada para limitar aún más la autonomía municipal y para confirmar la estrategia de confrontación continua con el Gobierno de la Nación".
Por ello, el PP-A insiste en que con esta nueva ley aprobada por las Cortes Generales se garantizan "los más de 40.000 empleos que generan los chiringuitos en Andalucía, que podrán ser muchos más, y se pone punto final a la incertidumbre generada por el anterior Gobierno socialista". "El sector turístico andaluz de costa y playa, y todos los demás sectores vinculados al mismo, no pueden verse sometidos constantemente a la actuación sorpresiva y negligente del Gobierno andaluz, que, de un día para otro, convierte en ilegal lo que contaba con su visto bueno y deja en la cuneta a proyectos turísticos generadores de empleo y riqueza para Andalucía y los andaluces", concluye.
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