Durante la segunda sesión del juicio a once personas por pertenecer supuestamente a una red acusada de introducir en agosto de 2011 más de 3,6 toneladas de hachís por el puerto de Isla Cristina (Huelva), varios agentes de la Policía Nacional, que investigaron los hechos y que han declarado como testigos, han remarcado que las intervenciones telefónicas corroboraron que el cabecilla de la red y el que "organizaba la llegada del barco" era Anselmo Sevillano.
Uno de estos agentes ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha asegurado que conocía a Anselmo tras escoltarlo en otros juicios y que, posteriormente, le reconoció la voz cuando intervinieron los teléfonos. A su vez, todos los agentes han coincidido en las personas que detuvieron en la propia nave de astilleros, donde pretendían introducir el barco, y en los alrededores, así como que dos de los acusados "se estaban dando señales de que ese era el barco y otros dos hablaban continuamente por teléfono con Anselmo Sevillano".
Dos de los agentes que han declarado asistieron al registro de la vivienda de Anselmo Sevillano en Estepona (Málaga), donde fue detenido, y han asegurado que encontraron "muchas terminales de teléfonos, 25.000 euros en metálico y documentación falsa, pues tenía su foto y otro nombre".
Por otro lado, ha declarado un comandante de la Guardia Civil sobre los hechos que imputan a un agente de la Benemérita, acusado de revelación de secretos, y ha asegurado que cualquier persona apoderándose de la tarjeta y de la clave de este agente "podría suplantarlo" y acceder al programa informático del Cuerpo. En este caso, ha señalado que el ordenador donde se realizaron consultas sobre unas matrículas se encontraba en Ceuta, tierra natal de este agente imputado que, aunque presta servicio de Madrid, en esas fechas se encontraba de baja.
La defensa le ha preguntado si habría algún detector de huella dactilar para detectar a la persona que realizó esta consulta y el comandante ha indicado que "hoy día no es posible".
También ha declarado uno de los dueños de la empresa que vendió la embarcación y ha asegurado que lo hizo a tres chicos de Huelva, a lo que ha añadido que a Anselmo Sevillano le vendió un barco hace unos años, a pesar de que en su primera declaración en la Comisaría de Málaga, según ha detallado la fiscal que consta en autos, esta persona señaló en aquellas fechas que "Anselmo le pidió que pusiera este barco a nombre de otras personas pero que él se lo pagaba".
Por su parte, el mecánico, encargado de poner este barco a punto, ha señalado que en agosto de 2011 no tuvo contacto con Anselmo y que reparó un barco que iban a vender.
Cabe recordar que en la primera sesión del juicio, el tribunal descartó declarar nulas las intervenciones telefónicas, considerando a su vez que no se ha roto la cadena de custodia del material incautado, unas premisas que había planteado el abogado del presunto cabecilla de la red, Anselmo Sevillano, que se acogió a su derecho a no declarar.
En esa sesión, cinco de los acusados se conformaron con los hechos, pero no con las penas y se acogieron a su derecho a no declarar; Anselmo Sevillano, considerado por la Policía Nacional como el mayor traficante de Europa y que fue detenido en agosto de 2011 en una urbanización de lujo de Estepona, donde permanecía huido de la justicia por incumplir una condena anterior por tráfico de drogas, se acogió también a su derecho a no declarar y otros cinco sí declararon, entre ellos el agente de la Guardia Civil acusado.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de extrema gravedad, tanto por la cantidad como por el uso de embarcación; de un delito de pertenencia a grupo criminal; de dos delitos de falsedad en documento oficial y de un delito de revelación de secretos e información.
Por ello, pide alrededor de 75 años de prisión para los presuntos componentes de esta red y multas millonarias de 25 y 45 millones de euros para cada uno.
LOS HECHOS
Los hechos se remontan a agosto de 2011 y el fiscal considera acreditado que los acusados, actuando de común acuerdo y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito al menos durante los meses de julio y agosto de 2011, llevaron a cabo las labores oportunas para la introducción en España de un cargamento de hachís procedente de Marruecos y su desembarco en el puerto de Isla Cristina, para su alijo y posterior distribución y comercialización a terceros. Concretamente, la tarde del 21 de agosto de ese año se procedió por parte de estos al traslado al interior de las instalaciones de los astilleros en Isla de una embarcación que transportaba 113 fardos, que arrojaron un peso neto de 3,6 toneladas de hachís.
Los acusados, para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre si jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.
El fiscal señala que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por el acusado Anselmo Sevillano, quien, huido de la justicia para evitar su ingreso en prisión por la existencia de una condena anterior por tráfico de drogas, fijó su residencia en la provincia de Málaga, en concreto en la localidad de Estepona, desde donde mantenía con otros acusados un permanente contacto, tanto de carácter personal como telefónico, a fin de impartir instrucciones y concertar con sus subordinados los pormenores relativos tanto a la recogida, ocultación y depósito de las grandes cantidades de droga en lugares adecuados ocupándose asimismo de financiar al grupo y surtirle de adecuados medios materiales tales como embarcaciones, vehículos y terminales de teléfono móvil y también de teléfonos satélite. Para el mismo, el fiscal pide más de once años de prisión y dos multas, una de 25 millones de euros y otra de 45.
A fin de ocultar su identidad, el Ministerio Fiscal considera probado que Sevillano se valía de un documento nacional de identidad y de un permiso de conducir en cuya elaboración, con ánimo falsario, había intervenido, pues siendo documentos en los que figuraban los datos reales de una tercera persona sin embargo mostraban su fotografía.
Este viernes está previsto que finalice el juicio y quede visto para sentencia tras escuchar la declaración de otro agente de la Guardia Civil, de los peritos y la exposición de los informes finales.
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