La Fiscalía ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirme la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó al exdelegado de Empleo Antonio Rivas y los exdirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por solicitar una comisión ilegal de 450.000 euros.
El Ministerio Público ha reiterado así su posición de impugnación respecto a los tres recursos de apelación presentados por las defensas de los tres procesados, que fueron condenados -tras un veredicto de culpabilidad de un jurado popular- a 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros por un delito de cohecho.
Durante la vista para debatir los recursos, celebrada hoy en la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal con sede en Granada, las acusaciones particular y popular se han adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que las defensas han interesado que los recursos sean estimados y que se revoque el fallo condenatorio.
El fiscal se ha opuesto a cada uno de los motivos planteados en sus recursos por las defensas y ha considerado, frente a los planteamientos de estas últimas, que la sentencia recurrida es "plenamente razonable" y "perfectamente ajustada a derecho", por lo que ha pedido su confirmación "total y absoluta" por parte del TSJA.
En este sentido, ha recordado que los intervinientes pidieron dinero -una suma total de 450.000 euros- a los empresarios denunciantes del soborno como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería que se iba a abrir en Mercasevilla y que llevaron "la voz cantante" en las conversaciones grabadas.
La acusación pública ha señalado además que el secreto de las comunicaciones no afecta cuando el que graba es uno de los intervinientes y que las gestiones realizadas no fueron ajenas a sus cargos o competencias, actuando con el "pleno convencimiento" de que eran ellos los que iban a conceder la adjudicación.
En su exposición ante la Sala, el letrado de Mellet se ha referido a la que considera ilegalidad de las grabaciones hechas por los empresarios y ha insistido en que fueron "subrepticias", de modo que no debieron ser utilizadas como medio de investigación o prueba de los hechos.
La defensa de Ponce ha señalado que, para condenar por cohecho a su cliente -al que no considera funcionario-, habría que acreditar que el supuesto acto ilegal cometido era propio de su función y ha aclarado que entre sus facultades no estaba la de solicitar o conceder "aquello que se dice que se estaba pidiendo".
Finalmente el abogado del exdelegado de la Junta Antonio Rivas, quien ha asistido a la vista, ha considerado que las acusaciones consiguieron "confundir al jurado" y que existe falta de pruebas de cargo contra su representado.
Al respecto, ha subrayado que fue condenado por indicios puesto que el testimonio ante la Policía de la única persona que le implicó en la causa, el también condenado Fernando Mellet, no fue incorporado debidamente a las actuaciones y por tanto no existe declaración probatoria suficiente dado que éste además se acogió a su derecho a no declarar en el juicio.
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