La vicesecretaria de Ordenación del Territorio y portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, ha preguntado este sábado "cuántos 'fondos de reptiles' de la Junta quedan por conocer" después de que, según ha explicado, la Intervención General del Estado --en el marco de la investigación que dirige desde Sevilla la juez Mercedes Alaya sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía--, haya detectado que desde la Administración autonómica "se han estado dando otras subvenciones y ayudas sin ningún tipo de control con cargo a otras partidas diferentes a la 31L" --que fue la que, según ha indicado, "dio nombre al 'fondo de reptiles'"--, y que sumarían "hasta 18 millones de euros" en total.
En una rueda de prensa celebrada en Sevilla, Martínez ha tachado de "gravísimos" esos "nuevos datos" de los que, según ha señalado, se han hecho eco este sábado algunos medios de comunicación, y que suponen que la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla "ha ampliado las diligencias y su investigación a tres fondos distintos" al de la "famosa" partida 31L.
En concreto, la vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP-A ha indicado que la Intervención General del Estado, después de que la juez Alaya "le pidiese ayuda porque no se fiaba de la investigación que pudiera hacer la Junta", ha detectado esas "otras subvenciones y ayudas" concedidas "sin ningún tipo de control y con la misma falta de procedimiento" con cargo a, entre otros fondos, "uno de fomento industrial y otro de desarrollo tecnológico".
Por eso, la representante 'popular' se ha preguntado "cuántos 'fondos de reptiles' hay en la Junta de Andalucía y cuántos quedan por conocer" en el marco del "mayor escándalo de la historia de la democracia en España".
Además, Martínez ha revelado que en la pieza del sumario de este caso que hasta esta semana ha permanecido bajo secreto judicial y que "ya se ha notificado a la Fiscalía", figura "una diligencia sobre el despacho de abogados Villasís en la que se afirma que la Junta tenía documentación importantísima que no entregó pese a ser requerida y guardó en su poder durante aproximadamente un año".
"Esto se llama obstrucción a la Justicia", ha aseverado la portavoz de Vivienda de los 'populares' andaluces, que ha señalado que de esa información se deduce que el PSOE "no solamente no ha colaborado con la Justicia" en este caso, sino que, "en realidad, la propia Junta se ha ido parapetando y obstruyendo la labor de la Justicia".
"PALOS EN LAS RUEDAS" DE LA INVESTIGACIÓN
En esa línea, ha instado al Gobierno andaluz a que "colabore con la Justicia y ponga toda la información que le requiere a su disposición" en vez de "poner importantes palos en las ruedas" de la investigación judicial como, en su opinión, ha estado realizando hasta ahora.
Y es que, según Martínez, la Junta lleva "dos años y medio" para elaborar "algo tan sencillo" como es "la lista de las personas que han sido beneficiarias de las subvenciones" que se investigan, una documentación que, según ha explicado, le solicitó la juez Alaya y que ésta "ha vuelto" ahora a requerir. "¿Es que la Junta está intentando ocultar algo?", se ha preguntado al hilo de esa demora.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
De igual modo, la vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP-A ha insistido en pedir "responsabilidades políticas" por este caso "en el último escalón del Gobierno andaluz", porque, a su juicio, "es impensable que una trama organizada para el desvío de tantos fondos de dinero se pudiera hacer sin el conocimiento de los responsables del Gobierno en Andalucía", cuya "responsabilidad política, por acción u omisión, es total".
Asimismo, Martínez se ha mostrado convencida de que el levantamiento del secreto de sumario sobre este caso ordenado esta semana por la magistrada de Instrucción, y que afecta a "1.300 folios" del caso, será "muy importante" para que los andaluces conozcan "qué pasaba en la Junta".
Para la dirigente del PP andaluz, los andaluces "tienen derecho a saber dónde han ido a parar tantos millones de euros destinados a subvenciones y ayudas sociolaborales, cuyo destino final no se conoce y que no han sido debidamente justificadas".
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