El Ayuntamiento de Lebrija albergará el próximo jueves una asamblea convocada para reunir a los trabajadores, autónomos y empresarios afectados por las deudas e impagos derivados del colapso financiero de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla. Mientras esta administración está inmersa en un proceso de disolución y liquidación, recientemente, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida aún por José Chamizo, instaba a materializar "a la mayor brevedad" posible las gestiones destinadas a satisfacer las deudas de esta institución con el colectivo de trabajadores eventuales de los talleres de empleo.
En junio de 2012, cabe recordarlo, el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir acordaba iniciar el trámite correspondiente a su disolución y posterior liquidación. El documento relativo al "acuerdo inicial de disolución y correspondiente plan de liquidación", aprobado por el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y recogido por Europa Press, desgranaba en ese sentido la "grave crisis" de este organismo y resolvía su desaparición porque "no es posible que ahora ni en un futuro próximo cumpla ninguno de los fines para los que fue creada" la institución.
DEUDAS POR MÁS DE 32 MILLONES DE EUROS
Según los datos que figuraban en el documento, la mancomunidad habría alcanzado en 2011 un remanente negativo de tesorería por valor de 12.340.293 euros y arrastrabaa una "deuda global" de 32 millones de euros, tres de ellos en concepto de nóminas no abonadas a sus trabajadores.
Pues bien, merced a este conflicto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado una queja impulsada por el personal eventual contratado con cargo a programas de escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo promovidos por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. La queja de estos trabajadores eventuales, en ese sentido, avisa del impago de "parte de las retribuciones", según una resolución emitida por del departamento de Chamizo el pasado 24 de abril y recogida por Europa Press.
SIN LIQUIDEZ
En concreto, los firmantes del escrito de queja señalaban el impago de cuatro nóminas de dos de los talleres; los de comunicación y viveros. La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, de su lado y según expone esta resolución, argumenta por su parte sus conocidos "problemas económicos y financieros" y una situación de "falta de liquidez" que ya en octubre de 2011 derivaba en el impago de nóminas. Del mismo modo, defendía la Presidencia de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, encarnada por la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), el mencionado "proceso de liquidación por causas económicas y organizativas" emprendido para satisfacer las deudas pendientes. La Mancomunidad, además, defiende en la tramitación de esta queja que "el primero que todos los recursos económicos" disponible será siempre aplicado al "pago preferente de las nóminas de los trabajadores y personal".
Dado el caso, La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reclama que "en el marco del procedimiento de liquidación, se incluyan las medidas tendentes a saldar tales deudas, que la propia Presidencia de la entidad extinta considera preferentes". En concreto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recomienda que la comisión liquidadora de la mancomunidad formalice "a la mayor brevedad" posible sus propuestas para "la distribución del patrimonio" del organismo a extinguir y "que se adopten todas las medidas y preferencias que procedan en orden a asegurar las deudas vinculadas a las nóminas pendientes de pago a favor de los trabajadores" de los mencionados talleres de empleo.
Ahora, la novedad tendrá como escenario el Ayuntamiento de Lebrija, porque para el próximo jueves ha sido convocada una reunión de extrabajadores de la Mancomunidad y los autónomos y empresas acreedoras, al objeto de crear una plataforma desde la cual coordinar las acciones destinadas a satisfacer los cobros.
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