El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide que el Gobierno central "no atente" contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modifique de manera "restrictiva" la actual ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA reclama también que el Ejecutivo de Mariano Rajoy asuma las reivindicaciones históricas de las organizaciones de mujeres, y amplíe los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozcan en distintos términos.
Entre ellos, se menciona la despenalización total de aborto voluntario, eliminando su actual penalización del Código Penal; asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas; y garantizar a las inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, la total prestación sanitaria, también, para acceder a la IVE.
También se señala la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros estudios que capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto quirúrgica como farmacológica y la elaboración de un protocolo común para todo el SNS, que asegure la prestación efectiva de la IVE en la red sanitaria pública, con equidad territorial e igualdad en el acceso y proximidad.
El grupo parlamentario de IULV-CA pide también que la Junta de Andalucía se comprometa, dentro de las competencias que le son propias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en toda la red sanitaria pública de Andalucía, en los términos exigidos al Gobierno central.
En la exposición de motivos, IULV-CA argumenta que el derecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha histórica del Movimiento Feminista y que el PP ahora, a través de su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está intentando introducir un debate "falso y engañoso, en el que no podemos entrar".
"El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad; es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios", destaca el grupo parlamentario, que añade que las mujeres no necesitan leyes proteccionistas que las releguen a la posición de seres "inmaduros e indefensos".
Asimismo, IULV-CA defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones. "Las mujeres son sujetos plenos de derechos y tienen capacidad para tomar sus propias decisiones de forma autónoma. No podemos permitir que el PP las sitúe nuevamente en el rol de madre, esposa y cuidadora", concluye.
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