El Partido Popular quiere conocer las medidas de refuerzo que ha adoptado la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en los juzgados de la comunidad autónoma que actualmente tramitan causas relacionadas con la corrupción política.
Así lo solicita la diputada del PP-A Rosalía Espinosa a través de una pregunta con ruego de respuesta oral ante la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz dirigida al titular de este departamento, Emilio de Llera, y que ya ha sido admitido a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Espinosa pide en concreto a la Junta que detalle "qué medidas de refuerzo en medidas materiales y personal no judicial u de otro tipo ha tomado o va a tomar la Consejería de Justicia para asegurar un adecuado funcionamiento de los órganos judiciales que actualmente están tramitando causas relacionadas con la corrupción política en Andalucía".
Según el último informe de los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un centenar de juzgados en toda Andalucía tramitan 656 causas de especial complejidad por delitos relacionados con la corrupción, que afectan a tipos penales como prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
De acuerdo con dicho informe, el CGPJ ha solicitado al Ministerio de Justicia medidas de refuerzo que podrían concretarse para los 798 órganos judiciales afectados en toda España, en al menos 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 nuevos funcionarios de apoyo de distintas categorías para facilitar la agilización de estas causas de especial complejidad.
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