En un desayuno informativo, Rodríguez Cantero, acompañado del jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del organismo, Agustín Argüelles, afirmó que no existe un "plan b" en el caso de que el TC resuelva que dicha disposición es inconstitucional, aunque insistió en que el Tribunal "no va apreciar inconstitucionalidad en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". Sin embargo, indicó que "no es opinable" el derecho que posee la Junta de Extremadura de pedir el amparo del TC si considera que los derechos de sus ciudadanos "han sido lesionados".
"No tengo ninguna reserva respecto a la constitucionalidad del Estatuto, ni lo servicios jurídicos de la Cámara andaluza hicieron ninguna advertencia al respecto", afirmó Rodríguez Cantero, quien, no obstante, garantizó que la Comisión Mixta de Transferencia se "plegará" a lo que dicte el TC.
El que fuera delegado provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Córdoba hasta fechas recientes destacó que la "gran ventaja" de la transferencia es que Andalucía "tendrá la facultad de priorizar los usos del agua de forma ajustada a las necesidades más inmediatas de sus ciudadanos", aunque insistió en la "oportunidad" de orientarlos a conseguir el objetivo de calidad de las aguas establecidos por la Directiva Marco de Aguas.
Por otro lado, el presidente se refirió al estado actual de elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación, una de las competencias salvadas por el organismo estatal de la transferencia de los recursos del Guadalquivir que transcurren por Andalucía a la Junta, señalando que, en estos momentos, la CHG trabaja de forma paralela en la redacción del documento definitivo del Esquema de Temas Importantes -cuyo período de consulta pública finalizó el 31 de enero- y la realización de la evaluación Ambiental Estratégica -en consulta pública-.
Según afirmó, la Planificación Hidrológica constituye una "garantía de gestión unitaria de la cuenca", pues determina "qué recursos tenemos, cuántos vamos aplicar, en qué territorios y para qué usos"; y descarta los "recelos" que puedan existir en cuanto a la ejecución de las obras de interés general -obras de modernización, regadíos, obras de saneamiento y abastecimiento y obras de restauración hidroforestal en convenio con los municipios- que se acometan en la Demarcación por parte del Estado, las cuales cuentan con una inversión de 700 millones de euros (incluyendo los proyectos para Ceuta y Melilla) para el periodo 2007/2013.
Además, la articulación de este instrumento de planificación es de obligado cumplimiento según los recogido por la Directiva Marco de Aguas, que establece el 2015 como horizonte para alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, recordó Argüelles.
El presidente apuntó que el uso sostenible de los recursos de la cuenca del Guadalquivir se tiene que traducir en la reducción del déficit existente, lo que "no quiere decir que se olvide la satisfacción de las demandas planteadas". No obstante, advirtió de que "es necesario determinar qué recursos hay disponibles, porque no podemos seguir planificando engañándonos a nosotros mismos y atender con el mismo recurso a más demandas, ya que implicaría una merma de las garantías".
Se mantiene el nivel de “prealerta”
En este sentido, subrayó que, a pesar de lo que ha llovido este año, la Demarcación del Guadalquivir se encuentra en estado de 'prealerta', lo que significa que el abastecimiento humano está garantizado para tres años, mientras que, en el caso del regadío, se asegura para la próxima campaña al cien por cien y al 80 por ciento para los próximos dos años.
Las dotaciones para regadío de cara a la próxima campaña se establecerán en el seno de dos comisiones: la Comisión de Desembalse del Distrito del Guadalquivir -convocada para el próximo 4 de marzo- y la Comisión de Desembalse de la Demarcación del Guadalquivir -que se celebrará de forma posterior-, las cuales, según Rodríguez Cantero, "no presentarán ninguna discrepancia porque se impondrá el sentido común y los límites establecidos por el Plan Especial de Sequía vigente".
Por último, Rodríguez Cantero indicó que la transferencia del Guadalquivir a Andalucía han supuesto el trasvase de unos 700 empleados desde la CHG a la Agencia Andaluza del Agua, lo que ha propiciado que la plantilla del organismo estatal sea actualmente "insuficiente", excepto en lo relativo a la Oficina de Planificación Hidrológica, donde "se mantiene la dotación de personal".
Por ello, solicitó que se "reconsidere" las dotación de personal de algunos departamentos de la Confederación, ya que las tareas e inversiones de la gestión anterior "se van a prolongar hasta dentro de dos años aún".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
