En el mismo sentido, y según un comunicado de la Consejería, el Consejero de Turismo, Luciano Alonso, ha solicitado su comparencia, a petición propia, ante la Comisión correspondiente del Parlamento de Andalucía.
Ante las "burdas denuncias" realizadas públicamente y no ante los Tribunales de Justicia o la propia Fiscalía en relación a la legalidad de dicha adjudicación, la Junta de Andalucía, en aras de la mayor transparencia y especialmente para preservar el buen nombre de la Administración autonómica y del personal que intervino en la citada contratación, ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción todos los documentos relacionados con la misma, toda vez que el PP había reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que investigara el procedimiento de adjudicación.
Poniendo la documentación incluso a disposición de los medios de comunicación, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte quiso aclarar que todas las empresas que se presentaron a dicho concurso público, cuya convocatoria se publicó seis meses antes de la celebración del evento, "reunían las condiciones del perfil de contratante requerido en la convocatoria", que se acogía a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia recogidos en la normativa autonómica de licitaciones públicas.
Así, el contrato formalizado con Decoestudio SA, tras consumarse previamente el correspondiente proceso administrativo, ha sido firmado "única y exclusivamente" con Isabel Sánchez Hidalgo como administradora única de la empresa, tal y como consta en su declaración responsable, "y con ninguna otra persona".
La Junta de Andalucía, como el resto de Administraciones Públicas, "carece de mecanismo alguno para excluir a una empresa de un concurso público, o de negar una adjudicación, fuera de los supuestos contemplados por la Ley".
Contratos anteriores
En este sentido, la Junta de Andalucía ha contratado con dicha empresa, que lleva tres décadas operando en el mercado, "exactamente igual que otras Administraciones de distinta base territorial y de distinto signo político", figurando entre ellas, la Comunidad Foral de Navarra (Fitur 2004); el Gobierno de la Comunidad de Madrid (expositor de la Consejería de Sanidad y Consumo en Fisalud 2004 y 2005; el stand de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica en Salón del Gourmet en Madrid 2004; la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid, 2006; la Oficina Española del Parlamento Europeo en Madrid (Cumbre de Jefes de Estado en Sevilla y Madrid en 2002 y la campaña de Elecciones al Parlamento Europeo en 2004) o el Ministerio de Medio Ambiente ininterrumpidamente desde 1995.
Así, aclaró la Junta que las ofertas económicas presentadas por las distintas empresas concursantes, hasta un total de seis ninguna de las cuales impugnó el concurso-- oscilaban entre un montante de 2.456.418,51 euros la más baja, alcanzando la más alta la cifra de 2.652.915 euros, adjudicándose el contrato a la empresa Decoestudio, S.A. por un montante de 2.520.268,46 euros, es decir, en la media de la horquilla de las ofertas.
Niega el sobreprecio
En este sentido, "carece de toda lógica acusar de haber pagado un sobreprecio -lo que podría ser un ilícito penal- y mucho menos sobre la base de una supuesta comparación con el montante económico de otros expositores, sin tener en cuenta ni comparar los contenidos de los mismos, las calidades y equipamientos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, por no hablar del número de patronatos provinciales de turismo albergados, ocho en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Concluye el comunicado de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte señalando que la Junta de Andalucía "tiene la mejor disposición, y el mayor interés, en que la Administración de Justicia determine, si lo estima oportuno, el ajustado y escrupuloso respeto a la legalidad en el citado procedimiento, aunque sólo sea para dejar en evidencia a quienes intentan inútilmente entorpecer o desprestigiar la acción de los Tribunales, de la fiscalía y de los Cuerpos de Seguridad".
El PP pide investigar los contratos de la Junta con igual rapidez que otros casos
Mientras, el PP exigió ayer a la Fiscalía Anticorrupción que investigue “con la misma celeridad” que en otros casos las contrataciones que supuestamente la Junta de Andalucía suscribió con un empresario condenado por “malversación de caudales públicos”.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, compareció en conferencia de prensa en la seda nacional del PP para denunciar que desde 1989 el Gobierno andaluz de Manuel Chaves supuestamente ha firmado contratos con un empresario condenado en 2003 y que, sin embargo, “en circunstancias sospechosas o muy extrañas”, indultó luego el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Tales contratos se efectuaban por medio de la empresa de turismo andaluz, y entre esas actividades figuraría la contratación de un expositor de la Junta en la última feria de turismo Fitur y que, como indicó Sanz, costó cinco veces más que el que diseñó la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, según sus palabras, el juez Baltasar Garzón investiga éste último, pero no el de la Junta andaluza.
El PP también preguntará por vía parlamentaria a Bermejo “cuáles fueron las razones” del indulto, ya que para Sanz pudiera estar el PSOE detrás de dichos argumentos, y todo ello a pesar de que fue “una condena firme” ante “un perjuicio demostrado al erario público”.
Según remarcó Sanz, “lo grave”, sin embargo, es que “durante el tiempo que estuvo condenado” el empresario en cuestión, “e incluso ahora”, la Junta “sigue contratando con este señor”, y la Justicia no actúa pese a la “evidencia” de los hechos que se denuncian.
Aparte de la existencia de un “posible delito” de “sobreprecio” en tales contrataciones, el PP también denunció que tras ellas hay “un entramado de ingeniería empresarial” que ha permitido a “este señor -el empresario-” lograr dichos acuerdos.
Mientras, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, acusó ayer al PP de efectuar “un intento a la desesperada de poner el ventilador, ante un gravísimo caso”, en alusión a las acusaciones efectuadas contra la Junta por la contratación de su espacio en la feria turística Fitur.
“Es simple y llanamente un intento de frenar el gran escándalo dentro del PP, que afecta al presidente de la comunidad autónoma de Valencia, Francisco Camps; un intento a la desesperada, suicida, de tapar a numerosos miembros del PP; hay 37 imputados y parece que la lista se ampliará”, dijo Zarrías a los periodistas.
En la representación de Andalucía en Fitur “no hay caso”, aseguró Zarrías, quien dijo que el PP está tratando “de trasladar el foco a otro lugar”, ya que hubo “un concurso público con transparencia” para que la representación andaluza la diseñara la empresa que se ajustara más tanto en precio como en prestaciones.
El caso del PP, insistió Zarrías, “no ha terminado ahí, en los 37 imputados, porque los mismos militantes del PP dicen que esto es sólo la punta del iceberg”.
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