El Gobierno de España elabora una nueva Ley de Bases de Régimen Local que podría hacer temblar los cimientos de la administración municipal. Con el objetivo de racionalizar el gasto y hacer los ayuntamientos sostenibles, tras las intenciones del Ejecutivo del popular Mariano Rajoy, son muchas las voces que se han alzado para denunciar la pérdida de competencias en lo que consideran un paso atrás al modelo de gestión pública.
En el caso de Estepona, el equipo de Gobierno popular se guarda las espaldas y evita pronunciarse al respecto de las consecuencias que tendrá en el municipio hasta que el anteproyecto avance. Esa fue la respuesta del regidor popular, José María García Urbano, tras las súplicas de la bancada de PSOE. Ahora son el Comité de Empresa y los sindicatos CCOO, UGT y ATAE quienes han presentado por Registro de Entrada una moción para que se lleve al próximo pleno. Piden al Consistorio que muestre su rechazo a la reforma de la administración local al considerar que contempla un nuevo sistema de competencias que dejará a la mayoría de municipios sin poder abordar una serie de servicios públicos y que convertirá a sus vecinos en “ciudadanos de segunda”. “Estas competencias que hoy en día sí se desarrollan, y que son mal llamadas impropias, se limitan y prohíben en los borradores del anteproyecto y suponen la demolición de la Administración más cercana al pueblo, y que en definitiva hará ciudadanos y ciudadanas de segunda a quienes no tengan la suerte de vivir en grandes ciudades”, indican.
¿Peligran los servicios?
“Supone la demolición de la administración más cercana al pueblo”, critican en el documento. “Más que eliminar duplicidades y competencias impropias, se eliminan competencias en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, con el argumento de ahorro de millones de euros en la eliminación de dichas duplicidades, cuando lo que se va a conseguir es el desmantelamiento de servicios y la reducción a la mínima expresión”, denuncian.
Otro de los aspectos abordados en la moción presentada que firman todos los sindicatos locales, con excepción de CSIF, ahonda en la trastienda de la reforma. Para las fuerzas sindicales, el objetivo no es otro que favorecer la iniciativa económica privada para que los servicios hasta ahora públicos “se privaticen, perdiéndose la titularidad y atacando claramente a la voluntar popular que con la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía reforzó el municipalismo”, esgrimen.
Recuerdan el grueso de empleo público y alertan de que se podrían producir pérdidas de hasta más de 40.000 puestos de trabajo, “sobre todo de personal laboral”.
El principal objetivo de las secciones sindicales esteponeras que rubrican este documento, todas, excepto CSIF, es garantizar la continuidad de los servicios públicos y de los empleos.
Así, instan al Gobierno de la Junta de Andalucía a que defienda las competencias que le otorga el Estatuto en materia de régimen local. En el texto persiguen que el equipo de Gobierno popular incluya en el orden del día de la próxima sesión también se alude a remitir al Gobierno Central la súplica de que elimine el anteproyecto de reforma.
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