El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz ha "exigido" al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda la demolición de una casa sobre la que recayó sentencia con pena de derribo en el año 2007. La intervención del Ayuntamiento en este caso es "exclusivamente por orden judicial", al haber sido requerido por el citado juzgado para que ejecute subsidiariamente, y a costa del penado, las obras de demolición reflejadas en el fallo de la sentencia, ya que el condenado había "desatendido" la resolución judicial.
En un comunicado, el Consistorio sanluqueño detalla que el caso de esta vivienda ilegal fue denunciado en 2005 "por el anterior gerente de Urbanismo", cuando gobernaba el PP en la localidad. En la sentencia, que data de 2007, se refleja que se condena a un vecino de la localidad como "autor de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota de seis euros, lo que representa un importe total a abonar de 2.160 euros, con la responsabilidad personal sustitutoria de un día de prisión por cada dos cuotas no abonadas, y el pago de las costas procesales".
Asimismo, se ordena la demolición "a su cargo" de la vivienda, "de 100 metros cuadrados y del garaje de 18 metros cuadrados construidos en una parcela propiedad del condenado sita en Pago Santillana".
Señala el Ayuntamiento que la situación urbanística de la edificación objeto de la sentencia "se encuentra enclavada en unos terrenos cuya clasificación urbanística es de suelo urbanizable programado", abundando que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) "clasifica dichos terrenos como Sistema General de Espacios Libres, SG-EL-4".
Tras esta sentencia, el Ayuntamiento ha sido requerido "en varias ocasiones" por el juzgado para que actuara de oficio en la demolición de esta construcción, "intentando en todo momento", a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, buscar una solución a este proceso sin necesidad de ejecutar la parte de la sentencia que obliga al derribo, "sin haber surtido efecto alguno".
El Consistorio, que preside la socialista Irene García, subraya que ha estado "en todo momento a disposición del interesado para colaborar con él en la medida de las posibilidades que permiten un procedimiento de esta naturaleza".
Por otra parte, y a pesar de las últimas regulaciones normativas para abordar la problemática existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre las edificaciones construidas ilegalmente, indica que "se ha estudiado detenidamente este caso y no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en dichas normas, ya que las construcciones con sentencias judiciales no pueden acogerse al plan de regularización".
Enumera el Ayuntamiento las gestiones que ha realizado ante la autoridad judicial a fin de que no se llevase a cabo el derribo, las cuales han sido en vano. Así, el juzgado volvió a instar este Ayuntamiento al derribo de la vivienda, advirtiéndole de que podría incurrir "en un delito de desobediencia" en caso contrario.
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