La Junta de Andalucía iniciará antes del verano la tramitación de un proyecto de Ley contra el fraude que establecerá que la concesión de ayudas o subvenciones públicas tenga en cuenta el conjunto del patrimonio y no sólo la renta con el objetivo de propiciar un "reparto más justo y equitativo de las cargas" de la crisis económica.
Así lo ha anunciado este martes en la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, durante la que ha hecho balance del primer año del Ejecutivo de coalición integrado por PSOE-A e IULV-CA bajo la presidencia de José Antonio Griñán.
Díaz ha asegurado que el objetivo de la norma no es "recaudatorio", sino que persigue establecer "mayor exigencia y mayor equidad en la concesión de ayudas públicas porque si somos más justos podremos llegar a más personas que lo necesitan y que el mayor coste de la crisis no lo paguen sólo las clases medias trabajadoras". A su juicio, "tan importante es que los servicios públicos lleguen a quien los necesita, como que les lleguen sólo a quienes les corresponde".
Según ha expuesto la consejera, el mayor coste de esta crisis lo están pagando las clases medias trabajadoras y es de justicia el hecho de que quienes reciban recursos públicos, subvenciones o algún tipo de ayuda por parte de la administración autonómica, lo haga no sólo conforme a la renta, sino también al patrimonio.
"Es un elemento de equidad y contribuye a que el reparto de la carga de la crisis sea más justo", según Susana Díaz, quien ha apuntado que, por ejemplo, en la concesión de becas estatales, hay requisito de patrimonio mínimo preexistente.
La consejera se ha mostrado convencida de que muchos ciudadanos que ahora tienen que hacer frente al pago de la parte del precio público de las guarderías van a entender que no sólo compute la renta de los padres, sino también el patrimonio.
Susana Díaz ha señalado que la comunicación con la Agencia Tributaria estatal permite conocer ya el patrimonio de los andaluces. Ha precisado que no se está hablando del patrimonio "normal" que tiene la inmensa mayoría de los andaluces, como puede ser su vivienda, sino de computar "otro tipo de patrimonios tanto mobiliarios como inmobiliarios que producen su desequilibrio a la hora de acceder a la prestación de determinadas ayudas, becas y subvenciones".
"Cuando hablamos de patrimonio, hablamos del nivel de riqueza que se está quedando fuera en el cómputo de determinadas ayudas", ha apuntado.
Ha insistido en que no hay un objetivo recaudatorio, sino de equidad y se ha remitido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para conocer los detalles de la norma y su desarrollo cuando se inicie el trámite. Ha recordado que esta norma, cuya denominación definitiva se tiene aún que decidir, está incluida en el acuerdo de gobierno entre PSOE-A e IULV-CA y pretende mejorar la transparencia, la seguridad y la equidad.
La consejera ha informado de que, de manera inmediata, en este mes, se iniciará el trámite de la Ley de Transparencia y, antes del verano, comenzará el de las leyes de lucha contra el fraude fiscal y social y de participación ciudadana.
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