Si hay algo en lo que no hemos avanzado suficientemente en esta Democracia es, paradójicamente, en lograr que ciertos sectores dejen de funcionar si no ya en régimen de monopolio, sí desde luego, de oligopolio. Y uno de estos casos es el de la telefonía, donde hay una empresa que sigue siendo acaparadora de múltiples servicios, que otras compañías deben tomar de ella. Para estas cuestiones, Europa no tiene prisa ninguna en que el libre mercado y la libre competencia sean efectivos, como sí lo tiene para socializar las pérdidas, por ejemplo, de la banca. Así, al menos, decisiones como la adoptada por la Junta de Andalucía en Huelva ante los supuestos abusos de Telefónica Móviles España son una buena noticia. Dan muestra además, de que la conciencia -porque el consumidor no puede ser tomado como un convidado de piedra sin derechos- también avanza y crece. La telefonía en general, y la de los móviles en particular, genera la mayoría de las quejas de los usuarios andaluces, con diferencia con respecto a otros sectores, por ello, lógica la contundencia de la propuesta de sanción de casi un millón de euros a Telefónica por cometer, presuntamente, tres infracciones calificadas como muy graves, porque además, se trata de que no se ha informado adecuadamente al consumidor de condiciones importantes, falta de indicación de precios, no facilitar facturas en forma correcta o no desconectar servicios que no se solicitan. A nosotros nos corresponde, como consumidores, seguir alerta y, como se suele decir, no dejar pasar ni una.
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