Un año más, para conmemorar la celebración del Día Internacional del Trabajo, el sindicato CSI-F (organización mayoritaria en el sector público) ha difundido un manifiesto reivindicativo bajo el lema “El empleo suma, los recortes restan”. En el documento se explica cómo las políticas de ajuste presupuestario para superar la crisis, lejos de servir como solución, están provocando cifras “inaceptables” de desempleo, el menoscabo de los derechos y las prestaciones sociales, la destrucción y privatización de servicios públicos, la precariedad en el empleo, subidas de impuestos, incremento de los niveles de pobreza y exclusión social, y la merma de las condiciones laborales de todos los trabajadores en general y de los empleados públicos en particular.
En este sentido, la Central Sindical recuerda en el manifiesto que se les ha reducido de forma considerable su poder adquisitivo, se han recortado plantillas con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo, se han endurecido las condiciones de desempeño del trabajo y se ha perdido calidad en los servicios públicos afectando especialmente a los ciudadanos con menos recursos.
Al mismo tiempo, se hace referencia a la “alarmante” cifra de parados que ya supera los seis millones y al más de millón de familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos; una situación dramática -según se plasma en el documento- que sigue sin solucionarse y que, lejos de mejorar, supone la amenaza constante del despido barato y el desahucio.
Por todo ello, CSI-F subraya la importancia de cambiar radicalmente las políticas sociales y financieras con un giro de 180 grados ya que “el país necesita urgentemente medidas de crecimiento que impulsen la economía frente a las políticas de asfixiante ajuste económico”. De igual forma, exige que se impulse la creación de empleo y se recuperen los derechos laborales perdidos durante los últimos años.
Así las cosas, tal y como se específica en el manifiesto de la Central Sindical, “los protagonistas de este Primero de Mayo son los millones de desempleados del país, los cientos de miles de familias sin prestación económica alguna, los millares de empleados públicos despedidos, los servicios al ciudadano fuertemente deteriorados y, sobre todo, la desafección política, el desánimo social y la desconfianza en las instituciones después de más de seis años de crisis económica”.
El documento prosigue haciendo alusión a la “indignación social al comprobar que las políticas de ajuste no han afectado a los sueldos de asesores y responsables políticos, que se sigue manteniendo el mismo número de altos cargos y consejeros y el oscurantismo en la contratación de los puestos de confianza mientras se sigue apretando el cinturón a las clases medias con impuestos y recortes sin que se haga lo necesario para perseguir el altísimo nivel de fraude ni se haga prácticamente nada para que tributen más los que más tienen”.
Después de analizar la situación, el manifiesto concluye con la reivindicación de CSI-F para incentivar la contratación y frenar la sangría de parados que sigue en alza tras la aprobación de la nueva reforma laboral. Finalmente, señala la necesidad de recuperar los derechos laborales y sociales perdidos sin ningún tipo de negociación, reparar los servicios públicos eliminados con la excusa de la insostenibilidad y paralizar de forma urgente la privatización de los servicios públicos básicos y esenciales para millones de ciudadanos.
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