Los servicios de consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales van a realizar 200 controles en establecimientos comerciales dedicados a la venta de vehículos usados para uso particular, tanto concesionarios oficiales como aquellos que no tienen concesión exclusiva, prestando especial atención a la información que se facilita a los posibles compradores.
Esta campaña de ámbito autonómico se desarrollará en todas las provincias andaluzas hasta el próximo 30 de junio, en el marco del calendario de actuaciones de la Junta en materia de Consumo. Según ha informado la Consejería en un comunicado, se trata de vigilar el cumplimiento del decreto autonómico 256/2003, de 16 de septiembre, que regula el derecho a la información de los consumidores en la adquisición, por compraventa, de vehículos usados.
En concreto, se comprobará que cada vehículo exhibe un cartel con las indicaciones obligatorias, entre las que se incluyen el precio, kilometraje, antigüedad, fecha de la primera matriculación y uso al que estaba destinado (particular o profesional).
Igualmente, se deberá disponer de un documento individualizado firmado y sellado por el vendedor, que contenga estas informaciones y otras complementarias como que el vehículo está libre de cargas y gravámenes, y al corriente del pago del impuesto de circulación.
Asimismo, los inspectores de la Junta verificarán que no se apliquen cláusulas abusivas ni se utilicen prácticas comerciales desleales para las personas consumidoras y usuarias, así como la existencia de garantía por un periodo mínimo de un año desde la entrega del vehículo.
También se examinará otra documentación obligatoria que debe entregarse a los compradores en este tipo de operaciones comerciales, como el permiso de circulación del turismo, y el documento acreditativo de haber pasado la ITV, en caso de que tenga más de cuatro años.
SANCIONES DE HASTA 30.000 EUROS
En caso de detectarse irregularidades, se iniciarán los oportunos expedientes sancionadores, de acuerdo con lo previsto en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Según el caso, la norma prevé la imposición de multas leves, con importes entre 200 y 5.000 euros, y graves, con una cuantía de entre 5.001 a 30.000 euros.
Finalmente, se recuerda que, antes de realizar una compra de estas características, la persona consumidora tiene derecho a obtener una información clara sobre las características del vehículo. Además de la información previa, debe facilitarse toda la relativa a garantías, facturas y publicidad, así como indicar la existencia de hojas de reclamaciones e información sobre los automóviles expuestos y proporcionar una ficha individualizada con los datos completos de cada uno.
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