La Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del martes 30 de abril contará como compareciente (si la mayoría de diputados lo permiten) con un representante de 'Veterinarios Sin Fronteras. Justicia Alimentaria Global', ONG invitada por el Grupo de IULV-CA para que presente en la Cámara autonómica su estudio sobre especulación alimentaria y se proceda posteriormente a debate.
Según ha explicado a Europa Press la portavoz de Agricultura de IULV-CA, Dolores Quintana, la comparecencia de agentes sociales en comisión no es nueva, sino que existen antecedentes porque el reglamento de la Cámara lo permite, pero no es algo "habitual", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de que estas entidades se "acerquen cada vez más a las instituciones" para darle "voz" a sus reivindicaciones.
En este caso, y al tratarse de una materia tan global, Quintana reconoce que la actuación de la comunidad autónoma se ve restringida, si bien "puede hacer cosas al respecto dentro de sus competencias como son denunciar públicamente que las grandes compañías alimentarias que se dedican realmente a otras cosas pero utilizan el alimento para especular, o como exigir una Política Agraria Común (PAC) más justa que regule mejor las normas alimentarias".
Para Quintana, en un momento como el actual en el que "una de las causas del incremento y la volatibilidad de los alimentos más básicos es precisamente esta especulación alimentaria que hace que el precio de productos como el cereal o el maiz se disparen y provoquen más pobreza sobre pobreza", es más necesario que nunca que se debata sobre la materia y se presenten informes tan "serios" como el elaborado por Veterinarios Sin Fronteras.
Sobre todo, según ha argumentado, porque conocer esta información de primera mano puede servir para que los grupos parlamentarios propongan medidas para "corregir" dicha especulación y "para que esto no ocurra", a ser posible, en Andalucía. IULV-CA, por ejemplo, pedirá al Gobierno andaluz que ponga en marcha iniciativas que establezcan "algún tipo de regulación" en la cadena alimentaria, de manera que no sean ni los agricultores en el origen ni los ciudadanos en el final los que "padezcan las consecuencias de esta especulación", consistente en precios que no cubren costes para los productores y son realmente caros para los consumidores finales.
Para evitar eso, Quintana aboga por luchar por una "PAC más justa" en la que se pongan "algunas normas, que cada vez tienen menos, a los mercados alimentarios", entre otros. "Nos parece muy importante esto porque no estamos solo en una crisis económica, también en una crisis alimentaria donde la población dedica (de media) más del 50 por ciento de su sueldo a la comida", ha reflexionado tras insistir en que hay que buscar "un modelo más social que acabe con la especulación".
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