El PSOE de Estepona acusa al equipo de Gobierno popular de llevar al pleno de este jueves una modificación puntual de elementos del PGOU en una parcela de 17.200 metros cuadrados, en primera línea de la playa de El Cristo, propiedad del ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, sobre la que pesan numerosos embargos millonarios. "Bajo el pretexto de resolver una hipotética incongruencia entre el uso hotelero que establece el PGOU y la ficha del área de reparto que establecía el uso de poblado mediterráneo, el PP pretende modificar los parámetros urbanísticos pasando de un coeficiente de edificabilidad de 0,4 y una edificabilidad de 6.880 metros cuadrados a un coeficiente de 0,75 y una edificabilidad de 9.030 metros cuadrados", sostiene el portavoz socialista, David Valadez.
Además de criticar este aumento de edificabilidad que revalorizará la parcela, propiedad de la empresa Development Proyect SA, cuyo representante es Pilar Román, hija del ex teniente de alcalde marbellí, los socialistas ponen el dedo en la llaga al apuntar que sobre ella pesan un total de nueve embargos de cifras millonarias del Tribunal de Cuentas, cajas de ahorro, y los propios ayuntamientos de Marbella y Estepona incluido el del juez que investiga el caso Malaya, por el que Román está imputado por un presunto delito de cohecho. Ya en enero de este mismo año el Ayuntamiento de Marbella lograba el embargo de diversas propiedades en un proceso del Tribunal de Cuentas por un valor de 108,3 millones de euros, entre ellas esta parcela de la que tiene prohibido disponer hasta que se resuelva el procedimiento", alega el socialista.
Pero Valadez ha tirado de hemeroteca, recordando cómo en julio de 2002 el PP tardó solo cuatro días en conceder la licencia de obras, "que había sido revocada en marzo de 2001 por el gobierno del cuatripartito (PSOE, PP, IU y PA)", señala. "Los mismos concejales del PP que se pronunciaron a favor, entre ellos el hoy diputado provincial, Ignacio Mena, vetaron un año antes la licencia atendiendo a un informe del arquitecto municipal".
Pero este terreno también aparece en la operación que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, según ha relatado David Valadez echando mano del sumario de Astapa: "Aparece reflejado, en febrero de 2010, que el ex jefe del gabinete de alcaldía habría recibido el ofrecimiento de 100 mil euros para que mediara y solucionara los problemas que pesan sobre esta misma parcela. Según un informe policial contenido en Astapa el entonces jefe de gabinete recibió el ofrecimiento con el fin último de su recalificación y poder construir un hotel. La policía señalaba que los problemas para cerrar la operación eran dos: uno, que recae sobre él una prohibición de enajenar del juzgado número 5 de Marbella, que instruye el caso Malaya, y otro es que el ayuntamiento de Estepona ha incluido una cláusula para que este terreno pase a ser un aparcamiento público e incluya una zona verde. Por ello, el empresario, que está imputado por cohecho, estaba dispuesto a pagar hasta 500 mil euros, a cinco personas distintas, para conseguir resolver este expediente urbanístico", apunta el socialista.
Será la Junta de Andalucía, en última instancia, la que deberá autorizar esa modificación y su legalidad pese a los embargos existentes en la parcela, según lo manifestado por la propia edil de Urbanismo de Estepona, la popular Susana Arahuetes, en la comisión informativa de este martes previa a la sesión. El Consistorio, por su parte, defiende que dicha modificación logrará dotar al municipio de una parcela hotelera en pleno casco urbano y, al mismo tiempo, evitar una indemnización de 10 millones de euros que la sociedad propietaria reclama al Consistorio en concepto de perjuicios en varios procedimientos contenciosos administrativos por la divergencia de usos de los terrenos en los diferentes documentos urbanísticos municipales.
En cuanto al aumento de la edificabilidad, el Consistorio asegura que una vez se aprueben estos cambios, las determinaciones urbanísticas se fijan "por analogía en las existentes para el uso hotelero en el área de reparto en el que se encuentra ubicada la parcela". No obstante, los socialistas siguen reclamando al regidor popular, José María García Urbano, que explique públicamente qué intereses persigue este cambio "si el hotel, por los embargos de la parcela, no se va a construir" y apuestan porque el asunto se quede sobre la mesa, adviertiendo que "moverán Roma con Santiago" para evitar que la modificación se culmine "y Pedro Román, sobre el que pesan muchas dudas, vuelva a utilizar al municipio de Estepona para un beneficio propio".
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