El portavoz del equipo de gobierno y delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez, ha anunciado en una rueda de prensa la disposición del Consistorio a acogerse a la iniciativa presentada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) consistente en poner viviendas vacías en régimen de alquiler de entidades bancarias a disposición de ciudadanos en circunstancias de especial vulnerabilidad y que hayan sufrido un desalojo desde enero de 2008.
En este sentido, el edil de Vivienda ha explicado que “llevamos varias semanas estudiando la viabilidad de la implantación de este proyecto puesto en marcha a nivel nacional, dadas las circunstancias concretas de Chiclana. Tras este análisis, entendemos que resulta positivo adherirse a la propuesta de la FEMP y facilitar el alojamiento en régimen de alquiler para familias con circunstancias económicas especiales”.
Así las cosas, Núñez ha afirmado que “estimamos que son entorno a 1.100 las viviendas en Chiclana susceptibles de ser utilizadas mediante un alquiler social que rondaría los 150 y 400 euros, lo que supone facilitar el acceso a una vivienda para personas que han sufrido un desahucio”.
Cabe especificar que la propuesta de la FEMP, la cual ha sido suscrita de conformidad con los Ministerios de Economía y Competitividad, Asuntos Sociales y Fomento; así como con el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector, se circunscribe a determinadas entidades bancarias y también a personas que hayan sufrido un desalojo desde 2008. El proyecto se inició contando con una bolsa de más de 6.000 viviendas en toda España, una cifra que está aumentando cada día a tenor de los municipios que, periódicamente, se están adhiriendo a la iniciativa.
Esta medida se suma a un conjunto de proyecto que se han puesto en marcha en Chiclana en los últimos dos años desde la Delegación Municipal de Vivienda. Así, cabe destacar el aumento de las partidas presupuestarias experimentadas en materia de vivienda, lo que ha significado que, en términos totales, más familias chiclaneras se han acogido a ayudas al alquiler, así como a rehabilitación de sus viviendas.
No obstante, la medida más significativa es la activación del Programa de Ayudas al Pago de Hipotecas (PAPHI), una iniciativa pionera en España y que tiene como filosofía ayudar directamente a familias que encuentran dificultades para abonar la cuota mensual de su crédito hipotecario, evitando así el inicio de nuevos procedimientos de desahucios en Chiclana; así como la puesta en marcha de la Oficina de Asesoramiento Jurídico en EMSISA que ofrece información de carácter jurídico y de manera gratuita a familias afectadas por el impago de hipotecas.
Beneficiarios
Podrán ser arrendatarios de los contratos de alquiler de las viviendas del fondo social aquellas personas físicas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan las tres condiciones siguientes: que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por impago del préstamo hipotecario iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas; que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008 y que en el momento de presentación de la solicitud se encuentre en determinadas circunstancias económicas y familiares o en un supuesto de especial vulnerabilidad.
Estas circunstancias económicas y familiares a que se refiere el convenio son, entre otras, contar con unos ingresos por unidad familiar que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que ningún miembro de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.
Los supuestos de “especial vulnerabilidad” se refieren a las familias numerosas, las familias monoparentales con dos o más hijos a cargo, la unidad familiar con, al menos, un menor de tres años, la unidad familiar en la que alguno de los miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para realizar una actividad laboral; la unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre desempleado y haya agotado las prestaciones por desempleo; la unidad familiar en la que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco, y que alguno de sus miembros se encuentre en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite para realizar una actividad laboral; y, finalmente, la unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.
Condiciones del arrendamiento
Las condiciones de arrendamiento previstas incluyen una renta comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años, aunque puede prorrogarse un año más salvo que la entidad arrendadora, tras una revaluación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, considere que ya no se cumplen.
El arrendatario quedará obligado a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se encontraba en el momento de la entrega.
Los solicitantes de una vivienda del fondo deberán dirigirse a la entidad de crédito. Éstas darán prioridad a las situaciones de mayor necesidad o riesgo social y, para conocerlo, solicitarán un informe a los servicios sociales del Ayuntamiento o la Diputación correspondiente, tal y como ya se ha indicado. Las viviendas serán asignadas antes de la finalización de cada trimestre. La asignación empezará el 31 de marzo próximo.
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