El BOE publicaba hace unos días una reforma del sistema de pensiones que afecta gravemente a los trabajadores de este país, y entre ellos, a un colectivo que vive la dureza de la crisis económica con fuerte intensidad, un colectivo históricamente desprotegido y que está viendo como pierde los derechos que tanto les ha costado conseguir: los autónomos.
El Real Decreto-Ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, adolece a nuestro juicio de un déficit democrático fundamental, y es precisamente su forma, la de Decreto Ley, que nos ha Hurtado a los trabajadores la posibilidad de debatirlo, de mejorarlo, y en definitiva de definir en conjunto con el Gobierno aspectos tan sensibles para la ciudadanía en su conjunto.
Por muy loables que puedan ser las intenciones del legislador en este caso, lo cierto es que va a producir efectos perniciosos para los trabajadores por cuenta propia, y ello entendido en sentido amplio, no solamente porque perjudica a todos aquellos que tenían expectativas de jubilarse anticipadamente en un momento de parálisis económica como el actual, sino aquellos que podrían proceder al relevo generacional ocupando los nichos de actividad que quedarían vacantes.
Es posible calcular haciendo previsiones muy conservadoras y moderadas que entre 30.000 y 40.000 autónomos se verán afectados por la ampliación de la edad de jubilación de 63 a 65 años y del periodo de cotización a los 35, y ello porque Según datos del Ministerio de empleo hay 150.000 autónomos con una edad de entre 63 y 65 años, de los cuales no es precisamente exagerado considerar que al menos un 20% no solo tendrían una carrera de cotización más que suficiente, sino el interés o la necesidad de cesar en la actividad, ello sin contar las expectativas que se habían generado en autónomos de edades cercanas a los 63 que podrían estar preparando su relevo en las distintas actividades.
En estos momentos en nuestro país el autoempleo y la actividad emprendedora viven un movimiento de flujos que pueden parecer contradictorios, pero que encuentran clara justificación en un mismo factor: la crisis económica, que provoca por un lado, una situación financiera y de parálisis de actividad insostenible para muchos autónomos en activo, y por otro la necesidad de emprender de miles de otras personas que encuentran en el autoempleo una alternativa casi única de desarrollo personal y profesional, y que además se ven incitados en esta dirección por múltiples y concurrentes políticas públicas de estimulo.
Es sobre este contexto socio económico donde el legislador tiene que tratar de influir y de incidir para proteger y mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por el mismo, pero también para diseñar un escenario que permita avanzar en un sistema productivo nuevo, que renueve el valor, que añada conocimiento y que ubique el desarrollo como eje central y no en la especulación. Pues bien, en ese proceso, ayudar a los que llevan toda su vida trabajando, y que han cotizado muchísimos años a abandonar su actividad con dignidad debe ser una prioridad, junto con permitir que los que emprendan, lo puedan hacer con las condiciones mínimas y propiciando que haya transferencias de conocimientos y espacios de actividad disponibles para poder desarrollarlas.
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