La juez de Sevilla que investiga las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía ha decretado el embargo de todos los saldos bancarios de Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 2,3 millones de euros que le impuso en su día la juez Mercedes Alaya.
En un decreto dictado el pasado día 1 de abril, consultado por Europa Press, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla recuerda que, el pasado día 8 de junio, la magistrada ya decretó el embargo de ocho cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo y expidió un mandamiento al Registro de la Propiedad de Índice "a fin de que informe a este Juzgado de los bienes inmuebles que figuren como propiedad" del imputado".
La juez Alaya tomó esta decisión después de que finalizara el plazo de diez días que concedió al imputado sin que éste "presentara bien alguno y sin consignar ninguna cantidad" en la cuenta del Juzgado.
Pues bien, en este nuevo decreto de embargo la secretaria, Rosa María Vélez, señala que, "constando en autos" que los bienes sobre los que se decretó el embargo "no son suficientes para cubrir la fianza", se estima acordar el embargo "telemático por vía de mejora" de todos sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
Hay que recordar que Juan Francisco Trujillo, imputado en esta causa por 22 delitos, estuvo interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) entre el 21 de marzo y el 15 de octubre del pasado año 2012, cuando salió en libertad sin fianza por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla.
En su declaración del pasado mes de marzo de 2012, declaró, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en cocaína.
Trujillo fue, además, una de las nueve personas ya imputadas en la causa que fueron llamadas a declarar el pasado mes de marzo por la juez dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Tras declarar, la magistrada acordó dejarlo en libertad con cargos.
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