El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta para respuesta oral al Consejo de Gobierno andaluz en la que cuestiona a la administración autonómica por su valoración sobre el hecho de que, según un estudio del sindicato CCOO, unos 7.000 jóvenes andaluces vayan a quedarse sin plazas en los estudios de Formación Profesional (FP).
Con este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la diputada popular María Francisca Carazo hace alusión a algunos de los términos reflejados en el informe de Abandono Escolar Temprano, cuyos índices han bajado en Andalucía.
No obstante, la central sindical no lo atribuye a política alguna para acabar con esta lacra, sino a causas sociales que se relacionan con la falta de salidas en el mercado laboral de aquellos jóvenes que, al calor del 'boom' inmobiliario, abandonaron los estudios y ahora pretenden volver a integrarse en esta dinámica, así como con aquellos alumnos que ahora amplían su periodo formativo.
De esta forma, CCOO apuntaba a la problemática de la existencia de 7.000 personas, mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 24 años, que quieren volver a estudiar pero no pueden acceder por falta de plazas. Y es que la actual política educativa "no hace nada" por retener a los jóvenes en este sistema, según expuso el secretario general de la Federación nacional de Enseñanza del sindicato, Francisco García, que también incidió en el colectivo de jóvenes inmigrantes como uno de los colectivos más perjudicados por la situación vigente, dado que entre la tasa de abandono escolar temprano de españoles y extranjeros se da una "brecha" de 20 puntos de diferencia.
Con los datos del estudio, que pone de manifiesto que los estudiantes que alcanzan un mayor nivel de formación quedan más "protegidos" contra el AET, García señaló que está en riesgo el objetivo del Gobierno no ya de llegar al 90 por ciento de titulación en Secundaria en 2020, sino a la neta, "más modesta y poco razonable", del 85 por ciento.
Por todo ello, la central sindical anunció que presentaría ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una propuesta para iniciar un plan a cuatro años dotado con 5.000 millones de euros --"la mitad de lo recortado en Educación en estos cuatro años"--, lo que supondría un 3 por ciento del gasto público educativo, para la mejora de formación personal y profesional de unos 500.000 jóvenes que, estando en situación de abandono escolar temprano, se encuentran desempleados.
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