Bajo el lema “No a la subcontratación en emergencias. Empleo público ya”, unos cuarenta trabajadores de los servicios que gestionan las llamadas de emergencias del 112 y del 061 se concentraban ante la entrada del Palacio de Congresos de Sevilla para llamar la atención sobre su situación y buscar un compromiso de la Administración autónoma para que la Junta gestione directamente estos servicios y que sus trabajadores sean empleados públicos.
Dos representantes de CCOO consiguieron hablar con la propia consejera de Gobernación, Clara Aguilera, que les entregaron una carta de su secretario regional, Francisco Carbonero, en la que le solicitaba una reunión para tratar las reivindicaciones de este colectivo, que denuncian la “precariedad y el perjuicio al ciudadano que causa la subcontratación” de los servicios telefónicos de emergencias del 061 y 112 con “empresas de tele-marketing”.
El coordinador de CCOO-A en esa materia, Ignacio Bescós, afirmó que la subcontratación, que afecta a unos 600 trabajadores en Andalucía, comenzó en los años 90 y desde 2004 la Junta contrata los servicios con dos empresas del sector, pese a que “firmó acuerdos por los que estos puestos de trabajo no pueden subcontratarse”.
“No queremos ser funcionarios, sino que haya diálogo, se nos reconozca nuestra profesión e integrarnos en una estructura pública que cree la Junta”, según Bescós, como aseguró que ocurre en comunidades como Madrid, Extremadura, Asturias, Navarra o Baleares.
El responsable de CCOO afirmó que en la anterior legislatura la entonces consejera de Justicia, María José López, se comprometió a crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar la viabilidad de una Agencia Pública de Emergencias que diera una solución definitiva a estos servicios y colectivos, “pero en un año no han hecho nada”.
También resaltó que el Defensor del Pueblo Andaluz les ha dado “la razón” al pedir que se arbitren soluciones para estos gestores de emergencias, “por sus características especiales y el servicio público esencial que prestan”, indicó.
Según declaró la consejera de Gobernación, se ha comprometido a recibir, en esta semana o en la próxima, a representantes del colectivo y que “por supuesto” va a escuchar sus reivindicaciones y “los compromisos que dicen que se adquirieron” para ver “si se pueden hallar soluciones”.
Según Aguilera, para la Junta “es vital el servicio de emergencias, funcionan estupendamente bien en Andalucía”, por lo que quiere que “haya buenos canales de diálogo y, si podemos solucionar cosas, vamos a estar abiertos”.
Indicó que al colectivo “no le gustan las subcontratas, pues entienden que no son buenas para ellos respecto al trato que tienen como trabajadores”, pero la Junta tiene contratados esos servicios y, por tanto, “son las empresas las responsables y las que tienen la relación directa con esos trabajadores, no es la Administración”.
También consideró que a estos trabajadores “no les gusta el modelo actual porque las relaciones laborales que tienen con sus empresas no les parecen las adecuadas”, pero que escuchará sus demandas y verán “en lo que podemos ir trabajando”.
Gestión directa pública
El sindicato CCOO, con motivo del Día Europeo del teléfono de emergencias 112 que se celebró el pasado 11 de febrero, reclamó que este servicio sea gestionado de manera directa por la administración y reivindicó que los trabajadores que lo prestan sean empleados públicos. Según alegan desde CCOO, este último objetivo permitiría acabar “con la precariedad laboral y de garantizar la calidad de un servicio fundamental para la atención a los ciudadanos”.
Para CCOO, la política de externalización de este servicio en Andalucía está afectando a la calidad del mismo y esto es algo “muy grave” porque el personal que gestiona las llamadas de los Centros 112 son el primer eslabón de todo el ciclo del servicio público de emergencias y “la exactitud y rapidez con que recojan, gestionen y transmitan la información del incidente es básica para que los servicios de intervención” puedan auxiliar a los ciudadanos.
En este sentido, el secretario general del Sindicato Provincial de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Huelva, José María de la Hoz, señaló que “es inadmisible que algunos trabajadores que gestionan las llamadas de emergencia sean empleados públicos y otros sean contratados por empresas externas de venta telefónica, subcontratadas por distintas administraciones autonómicas”.
Además, recordó que “esta situación genera desigualdades en las posibilidades de formación continua, plantillas infradimensionadas y precariedad en las condiciones laborales y todo esto puede provocar disfunciones en la atención a la ciudadanía”.
Asimismo, De la Hoz apuntó que “existe otro riesgo que es la utilización de los datos personales de los usuarios por empresas privadas”.
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