Poco antes de las nueve de la mañana de este martes un funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de San Fernando, con el Decreto de Alcaldía en mano, fue pasando por cada uno de los tres despachos que hasta hoy mismo han venido ocupando los grupos municipales de la oposición durante esta legislatura (PSOE, Ciudadanos e IU) en el Ayuntamiento en la calle Isaac Peral para informarles del desalojo y traslado de los enseres a la Casa de la Cultura.
La primera de las notificaciones se le realizó a la edil de Ciudadanos, Mayte Mas, posteriormente a Antonio Gil de IU y en últimas instancia a la portavoz del PSOE, Patricia Cavada, que fue a recoger diferentes documentos privados antes de que los funcionarios municipales procedieran a desmontar los despachos.
La situación se desarrolló dentro de una calma tensa, puesto que los tres grupos municipales fueron claros al señalar a la Policía Local que se iban por "obligación" y no de manera voluntaria.
Durante toda la mañana se fueron sacando de los despachos cajas de grandes dimensiones y trasladándose en vehículos municipales hasta la calle Gravina, donde a partir de ahora quedarán instalados los grupos municipales.
De esta manera se pone fin a siete meses de un culebrón que ha vivido varios capítulos, puesto que en un principio desde el Gobierno municipal se pretendía que el traslado se llevase a cabo de manera voluntaria, algo a lo que se negaron los tres grupos de oposición al considerar que irse a la Casa de la Cultura les iba a suponer una pérdida de operatividad y también tener menos contacto con el ciudadano de calle, puesto que en el Ayuntamiento se encuentro en el centro de la ciudad, mientras que las nuevas desde la calle Gravina entienden que están apartadas.
Ni el grupo municipal del PP ni el del PA pusieron impedimentos desde un primer momento y ya desde el pasado mes de septiembre se encuentran en la Casa de la Cultura, pero los otros grupos de la oposición dejaron claro que no se marchaban. Fue entonces cuando el alcalde, José Loaiza, decidió firmar un Decreto de Alcaldía en el mes de noviembre para que dicho desalojo fuese efectivo, algo que se ha producido finalmente este 26 de marzo, es decir, cuatro meses después del citado decreto.
Entre medias los grupos municipales han realizado comunicados conjuntos mostrándose contrarios por la decisión tomada por el Gobierno municipal, e incluso se llegó a insinuar la posibilidad de denunciar a los funcionarios encargados de la mudanza si tocaban algún documento privado.
Oficina de Contratación
La decisión del Gobierno municipal de proceder al traslado obedece a una cuestión de "optimizar los recursos municipales",. puesto que los despachos serán ocupados a partir de ahora por la Oficina de Contratación al objeto de que sitúe lo más cerca posible de Alcaldía.
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