El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual, con la que se pretende potenciar los instrumentos de lucha contra la piratería en Internet y que otorgará más transparencia a las entidades de gestión de los derechos de autor. La reforma se aprobará en esta legislatura.
Según ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tras la reunión del Consejo de Ministros, los cuatro ámbitos que aborda este anteproyecto son las entidades de gestión de derechos de autor, los procedimientos de lucha contra la piratería, la limitada revisión del concepto legal de copia privada, "atendiendo a los progresos de la sociedad de la información", y la trasposición de la Directiva 2011.
Respecto a la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet, las sanciones se fortalecen y se introduce un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual.
Wert ha indicado que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá la identificación de un prestador de servicios de la sociedad de la información sobre el que concurra "indicios razonables de estar poniendo a disposición contenidos protegidos a gran escala".
Así, en la fase de diligencias preliminares el supuesto infractor podrá ser identificado, lo que permitirá al perjudicado acudir inmediatamente a la vía civil. Asimismo, se ha realizado un ajuste en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, mediante la publicación de un tablón de edictos electrónicos.
Además, según el contenido del anteproyecto, se podrá solicitar la retirada de sus servicios tanto a los intermediarios de pago como a las agencias de publicidad que incluyan anuncios en estas páginas.
Wert ha incidido en la "filosofía de persecución" de quienes realizan a gran escala los actos de difusión ilícita, "tanto alojadores como facilitadores mediante enlace". En cambio, se pretende excluir a quienes de forma no maliciosa facilitan información sobre el acceso ilícito.
ENTIDADES DE GESTIÓN, MÁS TRANSPARENCIA
Respecto al refuerzo de la transparencia y vigilancia de las entidades de gestión, Wert ha indicado que esto se traduce en la "limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas", de modo que no se produzca una "asimetría entre las entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios".
El texto también prevé que en las situaciones en las que distintas entidades de gestión tengan que proyectarse sobre un mismo ámbito sometido a esa protección, se unifiquen las actuaciones bajo la coordinación de una de esas entidades.
A través de un cuadro de sanciones e infracciones, se sancionará el incumplimiento de las obligaciones legales, especialmente las relacionadas con la transparencia en su gestión. Habrá infracciones y sanciones si se incumplen estas obligaciones, que llegarán hasta el dos por ciento de lo recaudado en el ejercicio anterior.
ACOTACIÓN DEL CONCEPTO DE "COPIA PRIVADA"
Respecto a la revisión del concepto de copia privada, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha explicado que este proyecto acota de forma más precisa los límites del concepto de copia privada y adecua la definición declaraciones jurisprudenciales, como por ejemplo el Tribunal de Justicia Europeo y la sentencia Padawan, que excluye del ámbito de copia privada los usos profesionales.
Se concentran en la protección de la copia privada las actividades más usuales: la duplicación sin fines comerciales ni lucrativos de CD y DVD y la grabación de material difundido en radio y televisión, y se amplían algunas de las excepciones en el ámbito de la enseñanza y de la investigación científica.
A partir de ahora, se remitirá un informe sobre el anteproyecto a los ministerios involucrados (Economía y Competitividad, Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia) y se abrirá un periodo de consulta con las comunidades autónomas, y un trámite de audiencia con las entidades interesadas.
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