El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes interponer recurso de inconstitucionalidad contra tres normas del Gobierno de la Nación que considera un "ataque" al sector de las energías renovables con especial incidencia en la comunidad autónoma, entre ellas la suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones que ha "deja en el aire" una inversión cercana a los 12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía.
Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el recurso de la Junta ante el Tribunal Constitucional (TC) se dirigirá contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético) por considerar que vulnera los artículos 9.3 y 86 de la Constitución.
Se trata del quinto recurso promovido en lo que va de legislatura por el Ejecutivo andaluz ante el TC contra decisiones del Gobierno de la Nación.
La Junta ya ha llevado ante el alto tribunal el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la nueva regulación estatal de horarios y rebajas comerciales y la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre.
Según Vázquez, el "ataque constante" del Gobierno de Mariano Rajoy al sector de las energías renovables desde su llegada a la Moncloa tiene una
"especial incidencia" en Andalucía que se materializa en cuestiones como la "suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones, que dejan en el aire una inversión de casi 12.000 millones de euros y 40.000 empleos en Andalucía".
Asimismo, el portavoz ha aludido al hecho de que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, haya intentado exponerle la posición de la Junta al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, "que ha hecho oídos sordos a la petición de diálogo".
Por su parte, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha manifestado que la Junta mantiene la lealtad institucional, pero también mantiene con firmeza la defensa de los intereses de los andaluces, y, lamentablemente, en el último año ha habido "muchas sombras y pocas luces".
Ha querido dejar claro que cada vez que una decisión del Gobierno vaya contra los intereses de Andalucía, el Ejecutivo autonómico se opondrá con firmeza, mientras que siempre que sea necesaria la colaboración y la cooperación institucional de esta comunidad para reforzar la situación que está atravesando España, "nosotros estaremos al lado del Gobierno en la defensa de los intereses de nuestro país".
En cualquier caso, ha agregado que la Junta espera un trato equitativo del Gobierno central y que no haya agravios entre territorios, y que incluso el Ejecutivo nacional se replantee la decisión de gobernar a base de decretos, en un momento muy complicado para miles de familias y cuando la brecha de la desigualdad se está abriendo entre los ciudadanos.
CONTENIDO DEL RECURSO
Para la Junta, La Ley 15/2012, que crea nuevas figuras tributarias y grava con un tipo único del 7 por ciento los ingresos por generación eléctrica, afecta especialmente a las firmas del sector de las renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año.
La Junta entiende que la creación del impuesto, que además podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual.
El Gobierno andaluz subraya que el nuevo tributo es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la Unión Europea y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. A su juicio, el cambio normativo por vía de urgencia crea una situación de incertidumbre en el régimen jurídico del sector, así como entre los operadores y los ciudadanos, mientras que, en cuanto a la confianza legítima, el afán recaudatorio de la medida supone la quiebra de las inversiones que las empresas realizaron al confiar en un marco regulatorio estable.
Respecto al Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, la Junta expone que sustituye el IPC, con el que anualmente se actualizaba la retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58 por ciento frente a 2,25 por ciento el pasado año).
Además, entiende que en sus tres primeros artículos y en su disposición adicional única, esta norma suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada.
NO HAY EXTRAORDINARIA NI URGENTE NECESIDAD
Según la Junta, esta decisión no responde a la "extraordinaria y urgente necesidad" que el artículo 86 de la Constitución Española exige para utilizar la figura del Real Decreto-Ley. Asimismo, señala que tanto el cambio del sistema de retribuciones desde el 1 de enero de 2013 como su aplicación retroactiva a las instalaciones que han estado operando hasta la entrada en vigor de la norma vulneran los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derecho.
La tercera de las normas que se recurrirán, el Real Decreto-Ley 29/2012, según expone la Junta, exige con efectos retroactivos nuevos criterios a proyectos que se han sometido a una tramitación distinta para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de instalaciones de producción de régimen especial. Esta medida, recogida en el artículo 8, también contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad.
A juicio del Gobierno andaluz, el objetivo de paliar el déficit tarifario es una situación mantenida en el tiempo, por lo que no concurre la condición de inmediatez exigida para la utilización del Real Decreto-Ley.
El portavoz del Gobierno andaluz ha manifestado que el recurso autorizado este martes se apoya tanto en el diagnóstico del sistema energético andaluz como en la opinión de los representantes del sector de las renovables, estratégico para el desarrollo de la comunidad autónoma.
El Gobierno andaluz subraya que las medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos.
A juicio de la Junta, las principales actividades perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en Andalucía el 61 por ciento de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder.
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