El parlamentario autonómico del Grupo Popular Rafael Salas ha defendido este sábado la labor y el servicio "de primera magnitud" que, a su juicio, realizan los colegios que separan a los alumnos por sexo, y ha criticado el "total y absoluto desconocimiento" al respecto por parte de la Junta de Andalucía, a la que ha culpado de "crear un problema donde nunca lo ha habido" al situar a estos centros "en el ojo del huracán".
Salas se ha pronunciado así, en declaraciones a Europa Press, en respuesta a la consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que este viernes pidió a "quien quiera ir a un colegio segregado, que se lo pague", y defendió la "educación pública y de calidad" frente a "los intereses de determinados sectores privados, que, legítimamente, quieren hacer negocio, pero que no responden a la igualdad y a esa coeducación" que, en su opinión, defiende la Junta.
Para el parlamentario 'popular', es "una desvergüenza" afirmar que "esos centros pretenden hacer negocio", y dicha aseveración denota un "total y absoluto desconocimiento", por parte de la consejera de la Presidencia, de la labor "social y educativa" de estos colegios, que "funcionan muy bien en barrios obreros y zonas rurales", donde prestan "un servicio muy importante a las mujeres", mejor incluso, según Salas, "al que prestan muchas de las acciones formativas desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)".
Además, ha defendido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y a su homólogo en Andalucía, José Chamizo, que han defendido la libre elección de modelo educativo, ya que, a su juicio, lo que han hecho ambas autoridades es "dar una opinión que representantes de muchos padres les habían solicitado", y han dado una respuesta "lógica", que pasa, según el representante 'popular', por "apostar por el diálogo y rechazar la imposición", así como por "respetar otras opciones educativas que funcionan muy bien y dan buenos resultados".
Por eso, Salas ha criticado las palabras pronunciadas este viernes por la titular andaluza de Presidencia, que, en su opinión, reflejan, además de "desconocimiento y soberbia", un "desprecio a miles de alumnos y padres", y están cargadas de "descalificaciones y exabruptos", como, por otra parte, es "propio del régimen andaluz", según este parlamentario.
Esta polémica entre la Junta y el PP-A se produce coincidiendo con la presentación, este viernes y por parte de los representantes legales de cinco de los centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía --Ángela Guerrero, Albaydar, Altair, Nuestra Señora de Lourdes y Ribamar, todos ellos de Sevilla-- de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con una petición de medidas cautelares, en orden a paralizar la orden de la Consejería de Educación de la Junta que retira el convenio con diez de estos colegios en la región en base a resoluciones judiciales que rechazan sufragar con fondos públicos este modelo pedagógico.
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