La prestación municipal de servicios sociales o educativos podría peligrar con el anteproyecto de ley de reforma de la administración local que actualmente tramita el Gobierno Central. Así lo reconocía este mismo viernes el secretario local del PSOE de Alcalá la Real, Carlos Hinojosa, durante la rueda de prensa que, sobre este tema ofrecía en nuestra localidad el secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Gaspar Zarrías. "Todo lo relacionado con servicios sociales y de la educación, que son competencias impropias del Ayuntamiento, son las que más peligro correrían. Un ejemplo claro: aprobabamos ayer una bajada de la tasa de la residencia de mayores, haciendo saber, además que es una tasa que la mayoría de los usuarios y usuarias no la cubren, porque tienen unas pensiones que están por debajo de ese nivel. Como esa persona no pagaría la totalidad, el servicio sería deficitario. Lo que está pasando ahora es que el Ayuntamiento está aportando el dinero, pero como nos pasaríamos de esos estándares de calidad económica, no podríamos prestar esos servicios. Por tanto, habría que cerrarlo, traspasarlo a la comunidad autónoma, para que ésta lo privatiraza".
La propia empresa municipal de aguas, Adalsa, también podría verse afectada por la reforma, según apuntaba en la misma rueda de prensa, la alcaldesa de Alcalá la Real, Elena Víboras. "Desde hace tiempo llevamos haciendo una importante apuesta por la empresa de aguas, que además funciona fantásticamente, y que tiene equilibrio presupuestario desde la perspectiva de una gestión bien hecha siempre con el sentido común, y con unos costes bastante asumibles por parte de la ciudadanía y con unos estándares de calidad que ya quisieran muchas empresas privadas. Esta sería, sin embargo, otra de las empresas que, de producirse déficit, desaparecería y el servicio se daría a la empresa privada, que, como sabemos, la función que tiene es ganar dinero, y no hacer obras de caridad".
En la noche del jueves, el pleno había aprobado, con el voto favorable de Izquierda Unida y el voto en contra del PP, la moción del Partido Socialista "sobre una nueva regulación del gobierno y la administración local", en la que el PSOE alertaba sobre los efectos de la aprobación de la nueva ley, la cual "supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir, recursos económicos a las comunidades autónomas y en los casos de las denominadas competencias impropias, lejos de asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra Administración. Por otra parte, aquellos servicios que pasen a la Diputación Provincial podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios, que pagarán los ciudadanos", destacaba la moción socialista.
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