Los servicios jurídicos del PSOE están elaborando una denuncia ante las presuntas irregularidades que dicen, habría cometido el equipo de Gobierno en la adjudicación para la gestión de la universidad privada de El Pinillo a un grupo inversor suizo, cuya empresa se constituyó pocas semanas antes, y que carece de los permisos y autorizaciones necesarias.
El portavoz local de la formación, José Bernal ha declarado que en el pliego de condiciones para la adjudicación del concurso, en la cláusula 12, se dice que uno de los requisitos para la adjudicación es “estar en posesión de cuantos permisos, licencias o autorizaciones sean necesarios para la actividad que se realice". En este caso, señala el dirigente que “hemos conocido a través de los medios de comunicación que esta sociedad carece de los permisos, sin los cuales, no podría haber accedido a la licitación”.
Por otra parte, Bernal ha señalado que el concurso se adjudicó en una Junta de Gobierno Local, extraordinaria y urgente, celebrada el día 21 de febrero de 2013, mientras que tal y como figura en la información de la empresa adjudicataria, ésta quedó finalmente constituida el 4 de enero de 2013, es decir “semanas antes de que se otorgase un concurso de estas características”.
El portavoz socialista señaló que hasta el momento lo que se sabía de esta sociedad es que se trataba de un grupo inversor suizo, sin ningún tipo de vínculo con el mundo educativo. El objeto social de esta nueva empresa son “las actividades de formación educativa a nivel básico y universitario. La promoción, construcción, compra-venta, arrendamientos de terrenos, solares y edificaciones de cualquier clase, tanto de forma directa como indirecta a través de terceros”.
“Nos llama poderosamente la atención que la única empresa que se presente a este concurso se constituyese días antes de la adjudicación definitiva y que su objeto social está más bien vinculado al mundo de las promociones inmobiliarias que al ámbito educativo”, manifestó Bernal.
Así mismo, los socialistas han divulgado un informe del interventor municipal en el que éste pone reparos a la operación y se pregunta por qué se ha impuesto un canon del 1,5 por ciento del valor de la propiedad, cuando lo habitual es el seis.
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