La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha afirmado que la Junta ha llevado la reunión del Consejo Rector del Consorcio Aletas “distintas iniciativas que permitan la visibilidad del proyecto de manera inmediata”. Díaz ha recordado el compromiso del Gobierno andaluz con “un proyecto emblemático y estratégico, no sólo para la Bahía de Cádiz, sino para toda Andalucía”.
Según Díaz, la Junta ha presentado propuestas que tendrían efectos “a corto plazo”, como la solicitud realizada para que el Consejo de Ministros apruebe la nueva reserva demanial sobre el terreno de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), “que consideramos la clave de bóveda de todos el proyecto”.
Junto a eso, la consejera ha explicado que la Junta ha vuelto a insistir en la posibilidad de la compra de los suelos de Delphi por parte del Consorcio “porque hay capacidad normativa en los estatutos y capacidad económica”. Asimismo, ha informado de que la presidenta del Consorcio ha presentado un documento al Consejo Rector que contempla estos suelos “como posibles para medidas y actividades económicas complementarias”. En su opinión, esta opción “puede ser un recurso inmediato, que se podría poner a disposición de aquellas empresas que se quieran instalar en esa zona”.
En segundo lugar, Díaz ha señalado que la Junta ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer “dos declaraciones de interés autonómico”: una sobre las 127 hectáreas que no están sujetas al DPMT y “sobre las que podría actuarse en el medio plazo”, y otra sobre el resto de la superficie afectada por la sentencia del Tribunal Supremo. La consejera ha explicado que esta medida “nos daría todas las garantías necesarias para que ninguna sentencia jurídica que viese la luz en los futuros meses pudiese interrumpir las actuaciones previstas en esas primeras 127 hectáreas”.
La consejera estima que la propuesta del Gobierno andaluz “es completa y permite lo que es fundamental: que, de una vez por todas, el proyecto de Las Aletas tenga visibilidad, que haya unos suelos que nos permitirían actuar ya y tener una garantía jurídica para que no volvamos a vernos inmersos en ningún parón excesivo por causa de alguna decisión judicial”.
En su opinión, de esta forma, se “ponen recursos a disposición de los ciudadanos”, que es su principal demanda “en un momento de mucha dificultad económica y con unas cifras de paro muy elevadas”.
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