El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha considerado este domingo "absolutamente insuficiente" la reducción de las tasas judiciales y ha rechazado la reciente modificación de la ley aprobada por el Gobierno del Estado por "seguir siendo inconstitucional al mantenerse la vulneración de derechos fundamentales" recogidos en la Carta Magna.
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha puesto de manifiesto que "se mantienen vigentes los motivos que han servido de base" al Gobierno andaluz para la interposición del recurso ante el TC, puesto que "siguen amenazados derechos esenciales como la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad consagrados en la Constitución".
Al hilo de ello, el consejero ha subrayado que "las rebajas en las cuantías de las cuotas son tan insignificantes que no resuelven ninguno de los problemas", apostillando además que "la cuota fija de las tasas se mantiene con carácter general, por lo que estas tasas continúan siendo desproporcionadas e injustas".
El consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz mantendrá el recurso de inconstitucionalidad, pues la modificación realizada "no ha estado ni mucho menos a la altura deseada y se debe al clamor unánime y sin precedentes de los operadores jurídicos, lo que ha obligado a rectificar al Ministerio y a cambiar la ley a los tres meses de su vigencia, aunque en realidad el Gobierno no ha escuchado ni ha contado con nadie para ello".
Así, el titular andaluz de Justicia e Interior ha defendido este recurso, precisamente, por "la voz unánime de rechazo a una norma que provoca desigualdades y genera un fuerte mecanismo disuasorio para muchos ciudadanos, ya que limita el acceso al servicio público de Justicia por cuestiones económicas". En este sentido, ha puesto como ejemplo el abono de una multa de tráfico de 100 euros, para la que se exige una tasa de 50 euros, cantidad equivalente a su abono en el plazo voluntario, "por lo que sale igual pagar la sanción que recurrirla".
DISCRIMINACIÓN A LAS CLASES MEDIAS
Asimismo, el consejero ha destacado que "estas tasas suponen un clara discriminación para una franja importante" de ciudadanos, ya que "perjudican a las clases medias, precisamente la más numerosa, que no tienen derecho a la justicia gratuita por su nivel de renta pero tampoco son tan poderosos económicamente ni disponen de recursos suficientes para asumir la cuantía de estas tasas".
De Llera ha argumentado que los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de esta norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir "un efecto disuasorio" para gran parte de la ciudadanía y para las pequeñas y medianas empresas.
El recurso presentado contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se apoya en los argumentos jurídicos aportados tanto por la jurisprudencia del TC como por informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado en relación con la norma recurrida.
LAS TASAS
En líneas generales, la nueva ley extiende el pago de la tasa a todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal y el militar; aumenta las cuantías o establece otras nuevas en elevadas proporciones, y elimina en su artículo 3 las exenciones anteriormente fijadas para todas las personas físicas y para las entidades que no presentaban un elevado volumen de facturación.
Igualmente, el consejero ha rechazado el argumento esgrimido por el Ministerio de Justicia de que la ley de tasas vaya a aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales. Según De Llera, esta ley no va a arreglar "en absoluto" ninguno de los principales problemas que afectan a la Administración de Justicia, ya que la rebaja del volumen de litigiosidad "no puede hacerse a costa de excluir de este servicio público a una parte importante de la ciudadanía".
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