La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado dejar en libertad bajo fianza de 10.000 euros a Juan Francisco Algarín Lamela, en prisión provisional desde el 15 de enero y uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial dictó este lunes un auto en el que acordó dejar al presunto 'testaferro' en libertad bajo fianza de 10.000 euros, imponiéndole en caso de que la abone la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en los Juzgados, tal y como publica este martes 'ABC'.
De esta manera, la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado del imputado contra la decisión de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla Ana Rosa Curra, quien rechazó su petición de libertad al entender que podría darse a la fuga y eludir de este modo la acción de la Justicia; que podría destruir pruebas, y que podría entrar en contacto con otros imputados en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a dejar en libertad a Juan Francisco Algarín Lamela, interno en la prisión de Sevilla-I y cuyo letrado recurrió el auto de ingreso en prisión alegando que su cliente "no es nadie en la trama", que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que ha "colaborado" con la Justicia.
Anticorrupción pidió que el imputado, de 48 años, continuara en la cárcel al entender que "persisten los motivos" por los que, el pasado 15 de enero, solicitó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, lo que fue ordenado por la juez Ana Rosa Curra, quien le imputa los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Anticorrupción entiende que la puesta en libertad de este presunto 'testaferro' podría interferir en la investigación que actualmente lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, investigación de la que nada ha trascendido hasta el momento al encontrarse esta parte del caso bajo secreto de sumario.
LA INVESTIGACIÓN DE LA UCO
Antes de decretarse el secreto sumarial de las actuaciones, la UCO remitió al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.
Tras ser detenido, declaró ante los agentes de la UCO que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".
Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira, ambos procesados y enjuiciados por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, aunque Pereira fue finalmente absuelta.
De igual modo, el imputado aseguró en su declaración ante los agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, que fuera director general de la mediadora Vitalia.
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