La Policía Nacional ha desarticulado una red, asentada en Málaga y que también operaba en Toledo y Almería, que falsificaba documentos oficiales para regularizar a inmigrantes a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros. En total han sido detenidas 14 personas en las tres provincias.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo cuando se detectó en la provincia de Málaga que numerosas personas de nacionalidades marroquí y paquistaní estaban presentando en la Oficina de Extranjeros solicitudes de permisos de residencia y trabajo, aportando certificados de empadronamiento expedidos todos en las mismas localidades malagueñas.
Tras varias pesquisas se comprobó cómo estas personas, para lograr los certificados de residencia, aportaban documentos acreditativos de ejercer actividades de venta ambulante expedidos con fecha en las que todavía no se encontraban en España.
Los agentes identificaron al considerado como cabecilla del grupo durante la investigación. Se trata de un hombre español de origen paquistaní que, supuestamente, tenía contactos con distintos funcionarios, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.
Esta persona, junto a otros detenidos, captaba a "clientes" entre miembros de las comunidades paquistaní y marroquí para ofrecerles la posibilidad de obtener certificados oficiales a cambio de importantes sumas de dinero.
Además, el cabecilla se valdría también de esos contactos para obtener los certificados oficiales a nombre de los inmigrantes; certificados que firmaban a sabiendas de su falsedad ya que los documentos expedidos no se correspondían con los que había en las bases de datos y, además, las fechas certificadas se correspondían con periodos en que dichos inmigrantes no habían llegado aún a España.
Los arrestados, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por agentes del Grupo II del Servicio Central de Falsedades Documentales conjuntamente con el Grupo I de Ucrif de Málaga así como la Brigada de Extranjería de Toledo y el Grupo I de Ucrif de Almería, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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