En esta declaración, el Consejo Fiscal, que dice ser consciente de las carencias y dificultades que afectan a la Administración de Justicia, reclama un compromiso de los poderes públicos y las Comunidades Autónomas para acometer el “imprescindible -y ya inaplazable- esfuerzo serio, sostenido y suficiente de inversión, organización y modernización de la Justicia”.
En este sentido, este órgano asesor de la FGE expresa también su preocupación por las condiciones en las que los fiscales desempeñan su función, ya que asegura que el constante incremento de funciones y responsabilidades no se ha acompañado de los medios imprescindibles para mantener la calidad que los ciudadanos tienen derecho a exigir.
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