El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha sido expedientado por la presunta difusión de los papeles conocidos como “informe fantasma” en los que se señalaba a las familias Mas y Pujol por presuntas cuentas en Suiza.
Los papeles salieron a la luz pública en plena campaña electoral catalana y las autoridades policiales especializadas en ese tipo de delitos, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), negó haberlo realizado, en tanto los jueces también negaron haberlos requerido.
De hecho, tales informes eran en realidad extractos de otras investigaciones, en ese caso realizadas bajo la tutela judicial, unidas en conjunto que fue ampliamente divulgado por el periódico El Mundo y no negado por destacados miembros del Gobierno, al menos hasta después de las elecciones.
El secretario general del SUP fue el único que afirmó que la filtración de los informes podía deberse y se debía a la indignación de policías, hartos de investigar y que tales investigaciones fueran frenadas desde los propios juzgados o terminaran en los “cajones de algunos cargos policiales”
Sánchez Fornet, en una entrevista concedida a andaluciainformacion.es, reconoció que su sindicato va a seguir luchando contra la corrupción por todos los medios y afirmó que “o acabamos con la corrupción o la corrupción acaba con la democracia”.
Igualmente dejó meridianamente claro que las investigaciones a políticos eran objeto de cortapisas hasta el punto de que cualquier ciudadano podía ver registrada su vivienda, mientras que no la de un político a pesar de contar con los mismos motivos. “Es más difícil registrar la vivienda del hijo de Pujol que la suya o la mía”.
Esta propuesta de sanción será rebatida con “argumentos sólidos, así que no prosperará. De prosperar, es un muy bajo precio para denunciar a los corruptos y siempre tendrán la última palabra los tribunales”, dice el sindicato.
Según han manifestado a este periódico miembros del sindicato, “esto de los expedientes para taparnos la oca lo intentaron Corcuera y Mayor Oreja, con sus respectivos directores generales, y ambos salieron trasquilados. Este ministro y su director correrán la misma suerte.
El director general y su peón, el subdirector de Personal, dieron la orden de sancionar por encima de las evidencias”.
También aseguran que del instructor “también diremos alguna cosa, porque el personaje lo merece, en el momento procesal oportuno”.
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