En mi condición de abogado en ejercicio no puedo dejar de mostrar mi rotunda disconformidad con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que archiva la causa contra el alcalde de Marinaleda por los hechos acaecidos en marzo de 2012 y su actitud con el gerente del supermercado Mercadona de Estepa.
El artículo 315,3 del Código Penal castiga a “los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Esto es, la conducta coactiva consiste en compeler a otros a iniciar o mantener una huelga.
Si amenazar con que si no se cierra un centro y se secunda la huelga se le va a tirar todo y van a echar a todos los clientes por las buenas o por las malas no es compeler a iniciar una huelga, es que entonces el diccionario español es para mí incomprensible.
Mi sorpresa es mayor cuando leo que el magistrado autor del auto es un exprofesor de Derecho Civil que ingresó a propuesta del PSOE en el TSJA en el turno de lo que se llaman “juristas de reconocido prestigio”, lo cual arroja aún menos luz sobre la que es una resolución judicial absolutamente incomprensible.
Pienso que la Justicia no debe cometer lo que para mí es un claro error, pues entre otras cosas ya lo es que alguien que no es juez de los de verdad sea nada menos que magistrado en la Sala de lo Penal del TSJA y pueda resolver sobre asuntos de clara trascendencia política cuando es nombrado para ello por un partido político.
Y más erróneo es que, nada menos, interprete con esa facilidad un artículo que es muy claro y que, además, debería en mi opinión ser exigido si cabe con mayor rigor a alguien que nada menos es representante de los ciudadanos y debe dar ejemplo de escrupuloso cumplimiento de las leyes y de respeto de la libertad y los derechos de todos.
Al final ése es un precepto que trata de proteger eso de que los derechos y libertades de cada uno acaban donde empiezan los de los demás. Es simplemente indefendible que quien es diputado, precisamente, pueda tomarse esos derechos como le venga en gana. Y que, cuando lo hace, algún juez le busque excusas para no incardinarlo en lo que es un evidente supuesto tipificado en el Código Penal.
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