Los insurgentes ratificaron esta condición ante la parlamentaria opositora Piedad Córdoba, que encabezó la comisión que la semana pasada recibió a seis rehenes, entre ellos los dos únicos civiles que seguían en manos rebeldes.
“No voy a hacer comentarios”, dijo a Efe en Bogotá esta congresista del Partido Liberal Colombiano (PLC), que había aludido al sentido de estos comunicados tras la misión del pasado 5 de febrero en la que recogió al último de los seis secuestrados, Sigifredo López.
La primera comunicación está firmada por Alfonso Cano, jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la otra la suscribe el llamado Secretariado del Estado Mayor Central de la organización, también encabezado por él.
En ambas, la jefatura rebelde ratifica su antigua postura de condicionar la suerte de los secuestrados a la negociación de un acuerdo para el llamado intercambio humanitario con el Gobierno colombiano.
Las FARC insisten en dicha exigencia desde hace unos diez años y la han mantenido a pesar de que perdieron a los que consideraban como sus principales rehenes, la colombo-francesa Íngrid Betancourt y tres estadounidenses, rescatados junto a otros once secuestrados el pasado julio en una operación encubierta del Ejército colombiano.
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