En los dos últimos años han perdido sus casas en San Fernando un total de 238 familias como consecuencia del lanzamiento de órdenes de desahucio, mientras que se estima que hay otras 42 que la perderán en los próximos meses.
Son los números que maneja la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se ha constituido esta misma semana en la ciudad y que tiene como punto de encuentro la sede de Izquierda Unida, situada en el número 64 de la calle Juan de Austria.
Un drama de los desahucios que en el caso de La Isla hay que unir también al de los desempleados, puesto que las cifras de paro en la ciudad superan las 14.300 personas. Por ello, la Plataforma por el Empleo de San Fernando también se ha implicado en la puesta en marcha de la PAH, puesto que incluso sus miembros, algunos de ellos parados de larga duración, saben que tarde o temprano pueden verse en la misma tesitura que esas más de 200 familias isleñas que se han visto en la calle.
Izquierda Unida también se ha sumado a esta iniciativa y, en este sentido, aportará también asesoramiento jurídico a aquellas personas que se encuentren inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria. Lo hará mediante dos abogados que trabajan con el partido como son Francisco Guerrero y Martín Vila, e incluso recuerdan que la propia Junta de Andalucía ha puesto en marcha en todas las provincias una Oficina de Intermediación dependiente de la Consejería de Juventud y Vivienda.
Funciones
La primera toma de contacto de los miembros de la Plataforma sirvió para determinar qué funciones se pretenden desarrollar con su puesta en marcha. Así, además de asesoramiento jurídico, sus miembros pondrán todo de su parte a la hora de buscar viviendas sociales, e incluso llegado el momento conseguir ayuda económica para aquellas familias que se encuentren en situación límite. De todas formas, tienen claro que hay una cosa que es clave para que este proyecto llegue a buen puerto y no se quede en aguas de borrajas: la organización.
De esta manera, el uso de las redes sociales se convertirá en una herramienta providencial para que todo lo que hagan o vayan a hacer sea efectivo. En este sentido, van a diseñar planes de trabajo encaminados a frenar, en la medida de lo posible, lanzamientos de órdenes de desahucios.
Es decir que, aunque es pronto para adelantar acontecimientos, están decididos a llevar a cabo protestas ante las entidades bancarias a medida que desde los juzgados se vayan dando vía libre a los más de esos 40 desahucios que hay pendientes en los próximos meses.
El abogado Martín Vila es consciente de que “un procedimiento de ejecución hipotecaria no se puede parar, pero si entre todos hacemos fuerza sí que se puede suspender”, a lo que añade que “es clave que salga adelante esa iniciativa popular que estamos propugnando para que se cambie la Ley Hipotecaria y lograr la dación en pago”.
Casas vacías
desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han realizado una serie de estudios que estiman que actualmente en San Fernando hay unas 1.500 viviendas que están vacías y que son propiedad de las entidades bancarias. Por ello, entienden que es necesario que el Gobierno local se implique y que se busquen acuerdos con dichos bancos para que parte de ese amplio parque de viviendas tenga una salida desde el punto de vista social, es decir, que puedan ser destinadas para paliar la situación de esas familias que se ven en la calle como consecuencia de los impagos.
Otro de los puntos que se tocó durante esta primera toma de contacto de los integrantes de la PAH es que no sólo su cometido se va a centrar en los desahucios de aquellas personas que tienen hipotecas, sino también para los casos en los que lo que se esté pagando es un alquiler. “Son dos cosas distintas, pero al final concluyen en el mismo drama social”, afirma Martín Vila.
Eso sí, aquí la situación es más complicada puesto que habrá que diferenciar cuando el alquiler sea de una vivienda pública de la que sea una vivienda de un propietario privado, puesto que en este caso entran en juego los intereses particulares.
Antonio Gil, militante de Izquierda Unida, entiende que poco a poco se están dando pequeños pasos y que incluso les consta de que en los juzgados de instrucción de San Fernando se están paralizando algunos expedientes.
Un caso muy reciente
Gil hizo referencia al caso reciente de Ana María Bouza, una vecina de un bloque de viviendas de la zona de La Ardila que se tuvo que marchar hace varios meses de él porque estaba en riesgo de caerse al entenderse que podría sufrir aluminosis, algo que finalmente parece que no es así. Pues bien, una vez que desalojó su casa se tuvo que ir de alquiler y tuvo que afrontar el pago tanto de la hipoteca del piso como el citado alquiler a la vez.
Durante todo este tiempo tanto su marido como ella se han quedado en situación de desempleo y no han podido seguir pagando ninguna de las dos letras. Todo ha derivado finalmente en que el banco haya iniciado un procedimiento judicial para proceder al desahucio.
Desde Izquierda Unida se medió con la Oficina de Intermediación de la Junta y uno de los abogados de dicho departamento ha redactado un escrito que ha sido entregado al Juzgado de Guardia. Todo apunta a que, en un 90 por ciento de posibilidades, se va a suspender el desahucio.
Por lo tanto, la PAH de San Fernando ve la luz y no se descarta que durante este mes de febrero convoquen algún tipo de movilización a modo de presentación. Lo cierto es que la primera reunión contó con una escasa participación de apenas diez personas, pero confían en que poco a poco este movimiento contra los desahucios vaya calando en la sociedad isleña y que sean muchos más los que suban al carro de este proyecto, que tiene un marcado calado social.
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