La comisión creada por los representantes de los tres grupos políticos presentes en la Diputación Provincial de Huelva --PSOE, PP e IULV-CA--, para paliar la situación de los ayuntamientos que deben nóminas a sus trabajadores, ha acordado por unanimidad ofrecer, vía el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva (SGTH), un anticipo extraordinario que consiste en un préstamo de siete millones de euros, una cantidad conformada por las estimaciones de 11 ayuntamientos que mantienen impagos con su plantilla, siempre y cuando estos lo soliciten.
En rueda de prensa, preguntado por esta comisión, que se ha reunido este jueves, el portavoz socialista, José Martín, ha insistido en que se trata de un préstamo para "paliar la situación de las familias afectadas por estos retrasos", que los ayuntamientos tendrán que devolver con un interés del tres por ciento --el resto, hasta el seis, lo subvenciona el ente provincial-- con un plazo que culmina en junio de 2015 coincidiendo con el fin de la legislatura.
En esta línea, Martín ha asegurado que la comisión estará "vigilante y con mucho nivel de detalles" para comprobar que este préstamo vaya destinado "solo al pago de nóminas atrasadas y de impagos a la seguridad social y no para financiar despidos". Por ello, estos pagos tendrán que ser justificados y las ayudas formalizadas por parte de los ayuntamientos, a lo que ha añadido, que "si no las solicitan, los alcaldes tendrán que explicar a sus vecinos el porqué".
Estas conclusiones, según señala José Martín, "han sido aprobadas por unanimidad" y, según ha asegurado el portavoz, la comisión ha dejado abierta esta cantidad, por si fuera necesario complementarla.
Los 11 ayuntamientos afectados son Alosno, Aljaraque, Cañaveral de León, Cortegana, Encinasola, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Nerva, Santa Olalla, Tharsis y Valverde del Camino. A su vez, se va a analizar con las mancomunidades las deudas contraídas con los trabajadores por si los consistorios "no han contando con estas cantidades", ya que también son trabajadores públicos.
En cuanto a los plazos en los que este dinero estará disponible, ha indicado que a principios de la próxima semana está previsto que se reúna el consejo del SGTH y en cuanto los ayuntamientos realicen la petición formalmente, "el dinero estará disponible".
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS
Por su parte, el portavoz del IULV-CA en la Diputación, Rafael Sánchez Rufo, en declaraciones a los periodistas ha señalado que "se han puesto encima de la mesa soluciones que tienen que ser aceptadas por ayuntamientos afectados".
Sánchez Rufo ha insistido en que la comisión va a garantizar que "ni un solo euro sea destinado al pago de indemnizaciones por despidos" y establecer un control para ver en qué se utiliza el dinero, destacando a su vez su preocupación por los trabajadores de las mancomunidades, a los que la Diputación también va a prestar ayuda.
En definitiva, ha remarcado que esta decisión significa "poder ayudar a paliar la situación que tiene muchas familias", no obstante ha señalado que "la situación de crisis de los ayuntamientos es mucho más profunda porque si las cosas siguen como van, vamos a asistir al despido de empleados públicos y la privatización de servicios públicos y a eso la Diputación difícilmente le va a dar solución".
Por otro lado y en declaraciones a Europa Press el viceportavoz del PP en la Diputación de Huelva, José Domingo Doblado, ha señalado, tras recordar que esta comisión se ha creado a iniciativa del grupo popular, que está "satisfecho" con las medidas tomadas ya que van a paliar la situación de muchas familias.
En este sentido, ha explicado que con esta medida es como "si se le realizara una transfusión de sangre al enfermo --refiriéndose a los ayuntamientos--, pero este tiene que tener la voluntad de recuperarse" y no estar dentro de ocho meses "con la misma situación de impagos, que en la actualidad".
En cuanto a la situación de las mancomunidades, ha hecho hincapié en que "ningún ayuntamiento ha tenido en cuenta los impagos a los trabajadores de estos entes" y desde la Diputación se va a exigir a los ayuntamientos que consideren también estas cantidades porque los afectados también son trabajadores públicos.
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