La delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla ha respondido este jueves al escrito que el Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), le había elevado para reclamar una ampliación de los servicios mínimos de la huelga indefinida que, desde el domingo, pesa sobre la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam). En su respuesta, según el texto recogido por Europa Press, la Administración autonómica zanja que los servicios mínimos decretados son "adecuados" y "acordes a las necesidades" de la situación, reconociendo el derecho del Consistorio a impugnar estos servicios mínimos, pero invitando pactar con el comité de empresa de Lipasam una propuesta para la ampliación de los mismos.
El paro técnico comenzó la noche del pasado domingo y se traduciría ya en más de 2,3 millones de kilogramos de basura y residuos que esperan su recogida en las calles de Sevilla. Los servicios mínimos decretados para esta huelga por la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo contemplan para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) un 30 por ciento de los efectivos durante las dos primeras semanas y un 40 por ciento a partir de la tercera, mientras para la limpieza viaria queda estipulado un 30 por ciento del personal durante las dos primeras semanas y un 35 por ciento a partir de la tercera.
UN MECÁNICO POR TURNO
El documento oficial de los servicios mínimos, firmado por la delegada del ramo, Aurora Cosano, y recogido por Europa Press, expone también que para los servicios comunes, deben trabajar para cada uno de los dos turnos un mecánico, un encargado y un capataz. Los centros sanitarios, mercados de abastos, colegios y mataderos contarán con un cien por ciento de servicios.
El Ayuntamiento hispalense, socio único de Lipasam, había elevado a la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo un escrito reclamando una ampliación de tales servicios mínimos, porque la asignación de un solo mecánico para cada turno, según el Consistorio, significa el funcionamiento de un "tres por ciento" del área de talleres, lo que se alejaría de los porcentajes generales plasmados en los servicios mínimos. El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrime que los servicios mínimos decretados para la reciente huelga de la recogida de basura de Granada contemplaba las mismas estipulaciones para el área de talleres, toda vez que la flota de vehículos del servicio de limpieza está formada por "190 vehículos en Granada, pero 470 en Sevilla".
"VALORACIONES ESPECÍFICAS"
De cualquier modo, y en paralelo al acuerdo de la comisión ejecutiva de Lipasam de impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estos servicios mínimos, la delegación provincial ha respondido al Consistorio hispalense con un escrito en el que zanja que "la propuesta de servicios mínimos se considera adecuada para la regulación del servicio esencial". Argumenta la Administración andaluza que, para dictar tales servicios mínimos, han pesado "valoraciones específicas" como "la dimensión de la población de Sevilla y el porcentaje de diseminación de dicha población, el carácter indefinido de la huelga, garantías para las condiciones higiénico-sanitarias de los vecinos y turistas (...) y el precedente administrativo más reciente (...), relativo a los servicios mínimos establecidos para la huelga indefinida convocada en el servicio de limpieza pública de Granada".
"Se han dictado unos servicios mínimos ajustados a la Ley y se han dictado porque no ha habido acuerdo entre las partes, que era lo deseado", señala el texto expuesto por la Administración andaluza, que se remite a las recientes declaraciones del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, respecto a que este paro técnico cuenta con "el tratamiento normal de cualquier otro conflicto laboral". La Junta de Andalucía, así, reconoce el "derecho" del Ayuntamiento de impugnar los servicios mínimos, aunque pone de manifiesto que sería deseable que "se produjera el diálogo y el consenso y se propusiera una ampliación de servicios mínimos pactada entre ambas partes, propuesta que se trasladaría con la mayor celeridad a la Viceconsejería para que la valorara".
Finalmente, la Administración andaluza, en el marco de su papel como autoridad laboral, ofrece su "mediación" en el conflicto a fin de intentar buscar una solución.
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