El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la queja que, acompañada de 40.000 firmas, ha sido presentada por una representación del colectivo de padres de alumnos que cursan estudios en los doce centros de educación diferenciada por sexo en Andalucía, que se han reunido con éste para solicitarle su intermediación ante la intención de la Junta de no renovar el concierto basándose en las recientes sentencias del Tribunal Supremo.
Chamizo ha indicado a Europa Press que la institución que encabeza va a iniciar gestiones al respecto con la Consejería de Educación, a la que preguntará por la "aparente contradicción" existente entre los fallos del Supremo y la nueva ley educativa, de pronta aplicación, "donde sí se contempla la posibilidad de amparar este tipo de enseñanza a jóvenes del mismo sexo".
"Vamos a esperar a ver el informe de la Consejería y, en función de lo que se diga, estudiaremos las recomendaciones oportunas", ha explicado el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recalcado la existencia de la "libre" elección del modelo de enseñanza, "un hándicap en todo este asunto".
Chamizo entiende que será "difícil" contar con margen de maniobra suficiente en lo que respecta a la actual etapa de renovación de conciertos, puesto que probablemente la administración autonómica se amparará en las resoluciones judiciales. Sin embargo, ha advertido de que muchos padres tendrían que sacar a sus hijos de estos colegios al no contar con recursos suficientes para el pago, ya que "no son gente de dinero", con lo cual "habría discriminación".
En esta idea ha abundado la portavoz de la plataforma que aglutina a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los centros en esta situación, Gemma García, que ha manifestado a Europa Press que, de confirmarse la intención de la Junta, más del 90 por ciento de los padres no podrían continuar con sus hijos en el centro "porque no podrían pagarlo", habida cuenta de que en muchos casos "son colegios enclavados en zonas rurales o barrios obreros".
García ha insistido en la defensa que el colectivo pretende del "derecho constitucional a elegir el modelo educativo" que quieren para sus hijos, por lo que han instado a Chamizo, como representante de una institución pública, a que dé traslado a la Consejería de la situación. "No entenderíamos cómo sólo en esta comunidad autónoma se cuestiona el darnos el concierto, cuando la nueva ley de educación nos ampara con una enmienda específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): nos sentiríamos discriminados, ciudadanos de segunda", ha agregado.
La portavoz de la plataforma, que ha agradecido el apoyo de Chamizo, ha asegurado que los padres --que este miércoles acompañarán a una representación de los centros diferenciados a presentar la solicitud para renovar el convenio en la Delegación Territorial de Educación-- están "confiados" en una resolución del conflicto acorde a sus intereses.
Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).
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