La confirmación de que una empresa -Aqualia- opta a la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua ha sembrado de dudas el futuro de los trabajadores de Ajemsa a pesar de que el pliego de condiciones del concurso contempla el mantenimiento tanto de la plantilla como de sus condiciones laborales. La presidenta del comité, Yolanda Amador, admitió ayer que la plantilla está “muy preocupada” por su futuro más inmediato porque “no sabe cómo va a terminar” todo el proceso.
En este sentido, si bien se agarró a la carta de garantía que obliga a la concesionaria a subrogarse al personal, no dejó de recordar que el actual marco legal ofrece todo tipo de resquicios encaminados a favorecer el despido de trabajadores o, cuanto menos, rebajar los derechos adquiridos. El procedimiento, en todo caso, no va a afectar a la totalidad de la plantilla de Ajemsa, ya que algunos trabajadores se encuentran adscritos al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, que no es objeto de concesión.
Se encuentra en ese estado apenas media docena de empleados, toda vez que el grueso de la plantilla -integrada por noventa trabajadores- tendrá que pasar de una u otra forma a la empresa que finalmente resulte adjudicataria de la concesión administrativa.
Encuentro con todas las partes
Quizá consciente de la inquietud generada entre los trabajadores, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha convocado al comité de empresa a una reunión que tendrá lugar mañana jueves. También han sido convocados a sendos encuentros los partidos políticos de la oposición y los miembros de la Coordinadora del Agua.
García-Pelayo tiene previsto informar en primera instancia a los representantes de la oposición en el transcurso de la Junta de Portavoces, manteniendo posteriormente encuentros con el comité de empresa y los representantes de la coordinadora. En las reuniones también estarán presentes los tenientes de alcalde Antonio Saldaña, Enrique Espinosa y Felisa Rosado.
El Gobierno local ha recordado que el pliego de condiciones del concurso contempla el compromiso de que la tarifa no suba por encima del IPC, salvo que la Junta de Andalucía decida crear algún tipo de canon -al ser competente para ello- y que el Ayuntamiento se vea obligado a aplicarlo en el recibo. Esta hipotética subida se llevaría a cabo con independencia de que la gestión del ciclo integral del agua esté en manos públicas o privadas.
Además, está previsto que se mantengan las bonificaciones que actualmente se ofrecen en el recibo del agua, garantizándose también la calidad del servicio y la ejecución de las inversiones que fueran necesarias.
270 millones de euros de beneficio
El grupo socialista, por su parte, ha advertido de que la operación para “privatizar” Ajemsa va a suponer un beneficio de unos 270 millones de euros para la empresa que asuma la gestión, según se desprende del pliego de condiciones del concurso de adjudicación y de los estudios técnicos municipales.
En opinión de los socialistas, esta operación supone que el Gobierno local “va a regalar a la empresa los beneficios de 25 años que corresponden a todos los jerezanos, privatizando además un servicio que es patrimonio público”. Por todo ello, el PSOE entiende que la oferta presentada por Aqualia supone “una pésima noticia” para la ciudad, considerando “del todo injustificables” los argumentos esgrimidos por el Gobierno local.
A este respecto, los socialistas recuerdan que el PP ya tenía “intenciones” de “privatizar” Ajemsa en 2003, sin que entonces “se escudara en la mala situación económica municipal”. “Es evidente que el PP ha certificado con esta operación sus ansias por privatizar servicios públicos a costa de perjudicar los intereses de la ciudad y de todos los jerezanos”, argumenta el PSOE.
Los socialistas advierten además de que quedan muchas dudas en el aire sobre el mantenimiento o no del sistema de bonificación de la tarifa del agua; el futuro de la plantilla de Ajemsa y de las contratas dependientes de ésta; la gestión de la depuración del agua; los gastos derivados del consumo generado por las dependencias municipales; el mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento; la explotación del manantial de Tempul; o la futura prestación del servicio en las pedanías.
La coordinadora del PP-A de Jerez, Lidia Menacho, insistió mientras tanto en que la medida es “necesaria” y va a “beneficiar a todos los jerezanos. A juicio de la dirigente popular, resulta “indignante” la reacción del PSOE, toda vez que “una parte del canon” que la empresa va a abonar por hacerse cargo de la gestión del agua “se va a destinar a pagar el crédito de 72 millones de euros que el mismo PSOE pidió durante su etapa de Gobierno, hipotecando el futuro de los jerezanos con una deuda de por vida que ahora tiene que arreglar” el Ejecutivo de García-Pelayo.
Menacho incidió además en la “hipocresía sin límite” de los socialistas, que han cedido la gestión del ciclo integral del agua a empresas privadas en otras ciudades, como por ejemplo en Sanlúcar, donde ocupa la Alcaldía la propia secretaria provincial del partido, Irene García, que en 2010 “renovó la concesión” precisamente a Aqualia. El PP pregunta si García “regaló y dilapidó” el patrimonio de los sanluqueños cuando realizó esta operación.
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