La Fiscalía ha denunciado a tres personas por la contaminación de una parcela en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con amianto procedente del fibrocemento de cuatro mil metros cuadrados de materiales procedentes del derribo de cinco naves.
La denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, relata que los hechos ocurrieron en el paraje denominado "Huerta de Santa Ana", donde había cinco naves en desuso y estado de abandono.
El denunciado José Manuel M.S., administrador de la empresa propietaria, encargó al segundo acusado, Enrique Eduardo O.C., la limpieza y desescombro de las mencionadas naves, lo que éste realizó "sin solicitar permiso ni licencia administrativa de ningún tipo".
Tampoco se aseguró "de la existencia o no en los materiales de dichas naves de elementos constructivos que pudieran resultar peligrosos o nocivos para el medio ambiente o la salud de las personas" y la sociedad propietaria, denominada "Tomás de Ibarra 15", no adoptó medidas de control o vigilancia.
Añade el fiscal que el 9 de febrero de 2012, en visita girada al terreno por miembros de la Guardia Civil, se apreció la demolición de las cinco naves y el "esparcimiento en una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados de sus respectivas cubiertas de fibrocemento con amianto".
El amianto es un material "calificado como nocivo, tóxico y cancerígeno", pese a lo cual los denunciados lo dejaron depositado sobre el terreno, sin que conste "ninguna advertencia de peligro ni ser acotada la parcela de modo que impidiera el acceso de viandantes desde el camino contiguo a la misma".
Tampoco se adoptaron "ninguna de las medidas que para el tratamiento de estos materiales establece la ley", añade la Fiscalía de Medio Ambiente sevillana.
Precisa que, realizada nueva inspección por la Guardia Civil el 6 de noviembre de 2012, se comprobó que los residuos "continuaban depositados de la forma descrita, sin que por la sociedad titular del terreno se hubiera realizado acción alguna dirigida a su eliminación conforme a las normas que la regulan, ello a pesar de haber sido informados y advertidos al respecto".
Por ello, el fiscal denuncia a dos representantes legales de la empresa y al encargado de la demolición por un presunto delito contra el medio ambiente, pide que declaren como imputados y que, entre las medidas cautelares, el juez ordene la retirada de los materiales "con cumplimento estricto de la normativa".
Además, reclama que se tase el coste de la reparación del terreno a su estado originario y que se exija la correspondiente fianza a los acusados.
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