El sindicato CCOO, que ejerce la acción popular, ha pedido ocho años y medio de cárcel para un empresario por la muerte de una recolectora de naranjas urbanas y el grave accidente sufrido por otro trabajador, además de dos multas de 18.000 euros y una inhabilitación de diez años.
Esta petición se une a los tres años y nueve meses de cárcel que ya ha pedido la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Sevilla por dos accidentes ocurridos el 10 de febrero de 2011 en el barrio de Triana, cuando los afectados, presuntamente, recogían naranjas sin contrato de trabajo ni alta laboral, sin haber recibido formación en prevención de riesgos y sin material adecuado.
La trabajadora Carmen M.B., de 46 años, cayó al suelo en la calle Azucena a las 14.30 horas y sufrió graves traumatismos que la dejaron parapléjica y motivaron su muerte el 29 de abril.
A las 16.40 horas del mismo día, y en la calle Esperanza de Triana, el trabajador John Fernando G.P., colombiano de 24 años, también perdió el equilibrio, cayó desde un naranjo y sufrió graves fracturas de las que tardó en curar 90 días.
El juez de instrucción 18, en un auto al que ha tenido acceso Efe, impone al empresario Pedro R.L. el depósito de una fianza de 425.000 euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades civiles, cantidad de la que declara responsable subsidiaria a su empresa y también al Ayuntamiento de Sevilla, a quienes impone una fianza de 370.000 euros.
Aunque la Fiscalía de Sevilla se opuso a que el Ayuntamiento fuese declarado responsable subsidiario, pues la cobertura de los riesgos laborales es responsabilidad exclusiva del empresario, el juez considera que la responsabilidad municipal se deriva de "la relación existente entre el acusado y el Ayuntamiento".
En la causa estuvieron imputados, aunque quedaron exculpados, tres técnicos municipales de la Delegación de Parques y Jardines dado que la licencia para la recogida de las naranjas urbanas se otorgó en 2011 a los ciudadanos particulares que lo solicitaron frente a la práctica anterior de hacerlo mediante contratos.
El sindicato CCOO imputa a Pedro R.L. dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por los que pide tres años de cárcel por cada uno; otro de homicidio por imprudencia, con una pena de dos años; y un delito de lesiones, por el que solicita seis meses.
A ello une dos multas de doce meses con cuota de 50 euros, lo que equivale a 18.000 euros, y la inhabilitación por diez años para contratar con el sector público u obtener subvenciones y cinco años de inhabilitación especial para ejercer el oficio relacionado con esta actividad.
En el juicio que celebrará un juzgado penal de Sevilla en los próximos meses, la Fiscalía pedirá para el empresario tres años y nueve meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otros de lesiones y de homicidio por imprudencia, así como el pago de 122.747 y 30.434 a las dos hijas de la fallecida y de 1.033 euros al trabajador lesionado.
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