La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, celebra este viernes un pleno ordinario, el último de 2012, en cuyo orden del día figuran una declaración institucional en favor de los trabajadores de la planta alcalareña de Roca, --destinada al cierre por decisión de la cúpula de la compañía--, la aprobación definitiva del proyecto presupuestario de 2013 y la resolución de los acuerdos firmados entre 2005 y 2006 para la construcción de 5.551 viviendas, la mitad de ellas protegidas, en los suelos de Cortijo de Cuarto.
En el orden del día, recogido por Europa Press, figura para empezar una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la planta de la empresa de cerámicas y sanitarios Roca correspondiente a Alcalá de Guadaíra, dado que la empresa ha anunciado el cierre absoluto de las instalaciones con el despido de todos y cada uno de sus 228 trabajadores. Ya en el punto quinto, figura la aprobación definitiva del proyecto presupuestario de la institución para 2013, que suma una cifra consolidada de más de 356,6 millones de euros, un 12,6 por ciento más que en el vigente documento presupuestario. No obstante, y merced a la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria, el 84 por ciento de este incremento de recursos está destinado al pago anticipado de la deuda con los bancos.
PRESUPUESTOS MARCADOS POR EL PAGO DE LA DEUDA
Y es que dicho proyecto presupuestario cuenta con un límite de gasto no financiero de 278,2 millones de euros en cumplimiento de la citada Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria, por lo que esta será la cifra real que la institución pueda destinar a gastos e inversiones ajenas a las partidas destinadas a los intereses y el pago de las deudas. Los presupuestos de 2013, de cualquier modo y antes de su debate definitivo con la correspondiente resolución de alegaciones, ya fueron objeto de una primera votación en el pleno ordinario del mes de noviembre, cuando el documento presupuestario prosperó con el voto favorable del Grupo socialista, los votos contrarios de IU-CA y el PP y la abstención del diputado andalucista.
En el punto séptimo, susceptible de un intenso debate político, figura la resolución, "por mutuo acuerdo", del protocolo general firmado en 2005 entre la Diputación y la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, y el posterior convenio urbanístico de ejecución suscrito en 2006 con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), para la construcción de 5.551 viviendas en los suelos de Cortijo de Cuarto, contando la mitad de estos inmuebles con algún grado de protección. La resolución de estos acuerdos implica la entrega a EPSA de más de once millones de euros a cuenta de las partidas anticipadas por este organismo para el desarrollo urbanístico de estos suelos.
EL PP PEDIRÁ RETIRAR LA PROPUESTA
En este sentido, el Grupo popular ha anunciado que reclamará que este punto sea retirado del orden del día a cuenta del "daño económico" implícito en la resolución del contrato y la necesidad de que la Diputación y la Administración autonómica "renegocien" el futuro de este proyecto. El portavoz del Equipo de gobierno socialista de la Diputación, Manuel Domínguez, defiende de su lado que la coyuntura general induce a pensar que "no es el momento para llevar a cabo 5.551 viviendas" y que "lo más razonable" es esperar a otros escenario que ofrezcan "todas las garantías y la máxima previsión de "beneficio económico y social" para este proyecto.
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