El Ministerio de Defensa británico ha pagado más de catorce millones de libras esterlinas (alrededor de 17,2 millones de euros) en concepto de compensaciones a ciudadanos iraquíes detenidos ilegalmente y torturados por las fuerzas británicas durante el tiempo que estuvieron presentes en el sureste del país árabe.
Las autoridades británicas esperan que centenares de iraquíes presenten nuevas denuncias, una vez que han sido conscientes de la posibilidad de presentar sus casos ante los tribunales londinenses, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.
En lo que va de año, se han formalizado pagos por valor de 8,3 millones de libras esterlinas (algo más de 10,2 millones de euros) a un total de 162 ciudadanos iraquíes. Antes de ello, se realizaron pagos a 17 personas en 2011 y 26 en los tres años anteriores.
Así, la media de los pagos por persona asciende hasta las 70.000 libras esterlinas (cerca de 86.000 euros), incluyendo los costes. El Ministerio de Defensa ha asegurado que, en este momento, negocia pagos a otras 196 personas, aunque los abogados que representan a los reos han puntualizado que en 2013 presentarán sus demandas más de 700 iraquíes.
El Ministerio de Defensa ha señalado que está investigando todas y cada una de las denuncias por abusos que han sido formuladas, al tiempo que ha destacado que la mayoría de sus tropas desplegadas en Irak "se comportaron siguiendo los más altos estándares de integridad".
Sin embargo, diversas ONG y los abogados que representan a los denunciantes han alegado que los abusos eran sistemáticos y han indicado que los militares y guardas de prisiones responsables de los interrogatorios siguieron un patrón de entrenamiento recibido en Reino Unido.
La acusación ha solicitado una investigación pública en torno a las prácticas de detención e interrogatorio empleadas por las fuerzas de seguridad británicas en el país tras la invasión de 2003, algo que el Ministerio de Defensa pretende evitar.
La mayoría de los ciudadanos iraquíes que han recibido compensación afirman haber sido golpeados, amenazados y privados del sueño antes de ser interrogados por su presunta implicación en la insurgencia contra la ocupación extranjera. Asimismo, otros han dicho haber sufrido humillaciones de tipo sexual y haber sido forzados a permanecer en posturas incómodas durante largos periodos de tiempo.
PAPEL DE LA JFIT
Muchas de estas denuncias surgen en torno a las acciones de la controvertida unidad de inteligencia militar Equipo Conjunto de Interrogación Avanzada (JFIT), que dirigió un centro de interrogatorios durante la ocupación. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) elevó varias quejas en torno a esta unidad por los malos tratos sufridos por prisioneros durante los interrogatorios.
A pesar de ello, los responsables de los procesos grabaron centenares de vídeos en los que se les podía ver amenazando y abusando de varios reos, en los que se aprecian contusiones y que aparecen en estado de desorientación e inanición. En algunos casos, los presos estaban tan débiles que no podían permanecer de pie sin ayuda.
Un exsoldado británico que sirvió como guarda en este centro ha indicado al diario británico que tanto él como otros recibieron órdenes de mantener sujetos por los pulgares a varios presos que tenían los ojos vendados durante las sesiones de interrogatorio, así como llevarles a otros lugares donde no podían ser grabados.
Asimismo, ha confirmado que los prisioneros eran agredidos frecuentemente durante esos "paseos", tras los cuales eran llevados de nuevo ante las cámaras en la sala de interrogatorios. Los responsables de los mismos procedían de las tres ramas del Ejército británico y entre ellos había una gran cantidad de reservistas.
Durante la vista preliminar de algunos casos, los abogados que representan a los exprisioneros han sugerido que dicho centro de interrogatorios podría ser considerado como "el Abu Ghraib británico", en referencia a la prisión iraquí en la que las fuerzas de seguridad estadounidenses llevaron a cabo numerosos abusos contra presos durante el periodo de ocupación.
INVESTIGACIÓN PÚBLICA
En enero, el Tribunal Supremo británico revisará la negativa del Ministerio de Defensa a abrir una investigación pública en torno a estas denuncias. Diversas ONG han indicado que Londres está obligado a llevar a cabo este proceso para cumplir con sus obligaciones con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Entre los asuntos que respaldan la existencia de abusos sistemáticos está el hecho de que se usaran las mismas técnicas en los mismos lugares para asistir al interrogatorio, que las instalaciones estuvieran bajo órdenes de un oficial, que los doctores militares examinaran a cada prisionero en distintas etapas de la detención y que las investigaciones de la Policía Militar Real concluyeran sin responsables.
En caso de que el tribunal decida abrir una investigación pública, toda responsabilidad sobre abusos sistemáticos podría seguir la cadena de mando militar y llegar a altos cargos de las Fuerzas Armadas o el Gobierno.
Ante ello, el Ministerio de Interior ha argumentado que dicha investigación no es necesaria, ya que se ha constituido un equipo investigador, el Equipo de Acusaciones Históricas en Irak (IHAT), que está examinando todas estas denuncias, así como la muerte de varios prisioneros cuando se encontraban bajo custodia británica.
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