El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, condena además a Silva Sande a indemnizar a los herederos de los agentes asesinados con 400.000 euros a cada familia, así como con 100.000 euros a la viuda de uno los guardias civiles y otros 100.000 euros a la hija de éste por las lesiones y secuelas sufridas.
En la sentencia hecha pública se establece como hecho probado que en diciembre de 1989 el ex dirigente de los Grapo dirigía un comando dentro de la organización terrorista formado por los ya condenados Guillermo Vázquez y María Jesús Romero e Isabel Santamaría del Pino (fallecida en 1993). Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 1989, cuando los cuatro procesados se dirigieron a la Delegación de Hacienda de Gijón, oficina a la que accedieron Silva Sande y Vázquez portando una pistola y un revólver, respectivamente.
Una vez dentro del edificio, se acercaron a la cabina de seguridad donde se encontraban prestando servicio los guardias civiles Isaac Rodrigo Ranilla y José María Sánchez Melero, Silva Sande “empuñó el arma con las dos manos y efectuó contra ellos varios disparos”, que alcanzaron a los agentes por la espalda y por el lateral.
Una vez caídos en el suelo, añade la resolución, Vázquez les disparó varias veces “para rematar su acción mortal” tras lo que arrebató la pistola reglamentaria a uno de los agentes, que murieron como consecuencia de los impactos.
El 12 de enero de 1990 los Grapo reivindicaron este atentado. Cuando Silva Sande fue detenido en 1990 éste tenía dos juegos de llaves: uno del piso donde residía en el madrileño barrio de Salamanca y otro de una vivienda situada en la calle Coslada donde se alojaban Vázquez y Romero donde se halló el arma utilizada para disparar a los agentes.
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